La citó a salir, la controlaba por mensajes y le cerró el local: el relato que complica al exintendente

La abogada querellante Natalia Páez Vaca, representante de Shirli Claribel Cordero, apuntó con dureza contra el exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, en la causa por abuso de autoridad que lo tiene nuevamente en el banquillo de los acusados. Según sostuvo ante la prensa, el exjefe comunal le hacía propuestas de “índole sexual” a Cordero y la hostigaba con mensajes.

“Le clausuraron el local, la hostería, porque el intendente le realizaba propuestas de índole sexual, y ella no aceptaba esas propuestas”, afirmó la letrada al describir el vínculo entre ambos.

Insinuaciones y control

Páez Vaca detalló que Guaraz también tenía “insinuaciones amorosas” con la mujer: “la invitaba a salir, a viajar” y “le decía que la podía amar mucho”.

El punto central de la acusación, según la querella, es la reacción del exintendente ante la negativa de Cordero. “La controlaba mediante mensajes y, como ella no accedía a sus intenciones, entonces le clausuró el local”, remarcó la abogada.

Para la querellante, esas conductas tuvieron un impacto directo en la vida de su representada. “Ella tuvo que emigrar, tuvo que irse a otra provincia porque estaba viendo que acá no iba a poder prosperar nunca porque él no le permitía mantener abierto el local. Decidió irse a vivir a otro lugar donde reside actualmente. Fue un cambio total de vida para ella”, sostuvo.

Consultada sobre la solidez de la acusación, Páez Vaca fue categórica: “el delito está bastante probado”.

El juicio que se reprogramó

El segundo juicio contra Guaraz debía comenzar el jueves de la semana pasada, pero el arranque no se concretó porque el exjefe comunal cambió de defensa: designó a Jorge Bracamonte (H) y Gabriel Quiroga Barros en lugar del letrado Luciano Rojas.

Esa maniobra obligó a mover el inicio del debate, que quedó fijado para el 22 de octubre. El margen le permitirá a la nueva defensa interiorizarse del expediente y de las pruebas que se discutirán en la instancia oral.

Qué dice la imputación

Guaraz está imputado formalmente como autor de abuso de autoridad, figura contemplada en los artículos 248 y 45 del Código Penal. La acusación fiscal sostiene que el exfuncionario usó atribuciones propias de su cargo para dictar resoluciones contrarias a las leyes provinciales y a la normativa municipal vigente.

El caso se remonta a mayo de 2021 en Bañado de Ovanta. Según el expediente, Guaraz firmó el Decreto Municipal Nº 23/2021 para disponer el cierre preventivo del hospedaje y playa de estacionamiento “San Antonio”, administrado por Cordero.

La investigación judicial sostiene que el entonces intendente trabó los canales administrativos locales para impedir que la dueña pagara las tasas tributarias que adeudaba. Ese bloqueo, según la instrucción, fue intencional: buscaba forzar la irregularidad del comercio y así justificar la clausura.

Con las vías de regularización cerradas, el Ejecutivo municipal emitió la norma que ordenó el cierre total y preventivo del local.