La cifra que cobra un profesor universitario y que el Gobierno se niega a pagar

Más de 200 días pasaron desde que el Gobierno nacional dejó de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Según datos de la Universidad de Buenos Aires, más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos por cobrar sueldos por debajo de la línea de la pobreza. “Desde que asumió Milei, el presupuesto universitario se redujo un 45,6%”, señalaron fuentes de la UBA.

¿Cuánto cobra un profesor universitario? Los salarios varían según la dedicación. Un docente con dedicación exclusiva trabaja alrededor de 40 horas semanales, mientras que uno con dedicación simple cumple unas 10 horas por semana. Según datos de la UBA, un titular de cátedra con dedicación exclusiva —el cargo más alto— cobra $1.582.283 sin contar la antigüedad. Es decir, apenas $150.000 por encima de la canasta básica para una familia cuatro integrantes, que actualmente es de $1.434.464.

Sin embargo, no todos los docentes que trabajan jornada completa tienen ese cargo. En muchos casos, los salarios por 40 horas semanales van desde $885.590 hasta $1.582.283, dependiendo del cargo y la categoría. Por ejemplo, el cargo más bajo —un ayudante de primera— percibe un sueldo de $ 885.590,04.

La situación empeora entre quienes tienen dedicación simple. Un profesor titular que trabaja 10 horas semanales cobra $395.570, mientras que un ayudante de segunda —el cargo más bajo— percibe apenas $177.117. Es decir, que los sueldos de los docentes con “dedicación simple” van de $177.000 y $395.000 mensuales.

Los investigadores tampoco le escapan a la crisis. Según los datos proporcionados, un investigador que recién arranca cobra un básico de $1.234.000, pese a que la actividad requiere años de formación académica y una dedicación que suele exceder las ocho horas de trabajo.

Desde la UBA advierten que, para recuperar el poder adquisitivo que tenían los salarios en diciembre de 2023, debería aplicarse un aumento del 53% sobre los haberes actuales. La pérdida acumulada ya supera el 35%. Además, aseguran que mientras siga sin aplicarse la Ley de Financiamiento Universitario, la situación no va a cambiar, ya que más del 90% del presupuesto universitario se destina al pago de los sueldos de los docentes.

¿Qué pasó con la ley?

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en septiembre del año pasado. Javier Milei la vetó, pero la Cámara de Diputados y luego el Senado rechazaron el veto y la ratificaron. A fines de octubre, 40 universidades nacionales se presentaron en la Justicia para que se declarara inconstitucional el decreto del presidente que reglamentó la ley pero que no incluyó los artículos vinculados a los salarios docentes.

El 23 de diciembre, el juez del fuero contencioso administrativo Martín Cormick dictó una medida cautelar y consideró inconstitucional la reglamentación del Gobierno. El Poder Ejecutivo apeló la decisión, pero en marzo la Sala III de la Cámara de Apelaciones confirmó el fallo y ordenó al Estado cumplir con la ley y realizar los pagos correspondientes.

El plazo para que el Gobierno cumpliera con la resolución judicial venció el 17 de abril. Ese mismo día, el Poder Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema y pidió que los jueces del máximo tribunal se apartaran del caso al señalar que los tres son docentes universitarios. El 7 de mayo, la Cámara de Apelaciones aceptó el planteo y elevó el expediente a la Corte Suprema. Mientras tanto, desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello sostienen que la aplicación de la ley quedó suspendida hasta que haya una resolución definitiva del máximo tribunal del país.

“Si no vale la legitimidad incuestionable de una ley aprobada por el Congreso, y si tampoco vale lo que ordena la Justicia para que esa ley se cumpla, que valga la voz del pueblo”, expresó Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional.