La CGT lanzó una advertencia que nadie quiere escuchar sobre el sistema de salud

La CGT advierte que el sistema de obras sociales está colapsado: el aporte promedio no alcanza para cubrir el PMO. ¿Qué proponen para evitar el derrumbe?

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La CGT lanzó una advertencia que nadie quiere escuchar sobre el sistema de salud

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un documento contundente en el que alerta sobre el colapso del sistema de obras sociales en Argentina. El aporte mensual promedio por persona es de $67.525, mientras que el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) asciende a $85.000, una brecha que evidencia un desfinanciamiento estructural.

Según el informe, respaldado con datos de ARCA, el 67% de los trabajadores tiene aportes salariales por debajo del promedio, lo que agrava aún más la situación. La CGT también cuestiona el uso del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que destina el 15% de los aportes a subsidios con criterios arbitrarios en lugar de tapar el agujero financiero.

¿El problema es financiero o de intermediación?

El presidente Javier Milei diagnosticó que el problema no es financiero sino de intermediación. Las llamadas “obras sociales derivadoras” cobraban una renta por intermediar entre el trabajador y las prepagas, pero con el fin de esa intermediación, el descreme quedó al desnudo: hoy 50 empresas de medicina prepaga se quedan con el 36% de la recaudación del sistema, mientras que 290 obras sociales se reparten el 64% restante.

La CGT denuncia que los sindicatos tienen que poner recursos de su propia caja (aportes sindicales compulsivos) para cubrir prestaciones que las obras sociales ya no pueden pagar.

¿Cómo se sale de esta crisis?

El documento propone restablecer la consistencia entre el costo de las prestaciones y el financiamiento disponible. Sugiere que los servicios sociales para discapacidad, adicciones, salud mental y geriatría sean financiados y gestionados por el Estado a través de organismos como la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex-ANDIS), Sedronar y la Dirección Nacional de Salud Mental. Además, las innovaciones médicas costo-efectivas deberían ser evaluadas por la CONETEC y financiadas con rentas generales.

En paralelo, se propone utilizar el 100% del FSR para elevar los aportes de las familias de menores ingresos, en lugar de destinarlo a subsidios arbitrarios. La CGT insiste en que, sin estas reformas, el sistema de obras sociales es insostenible.

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