La causa por la amenaza de bomba en el show de Lali en San Juan terminó, pero nadie sabe cómo

El conflicto entre la Fiscalía de Estado y Juan Carlos Salem por la amenaza de bomba en el show de Lali terminó con un acuerdo. Pero lo que parecía el final del caso dejó una pregunta sin responder: ¿qué fue lo que acordaron?

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La causa por la amenaza de bomba en el show de Lali en San Juan terminó, pero nadie sabe cómo
La causa por la amenaza de bomba en el show de Lali en San Juan terminó, pero nadie sabe cómo

El conflicto civil entre la Fiscalía de Estado y Juan Carlos Salem, el hombre acusado de haber realizado una amenaza de bomba antes del recital de Lali Espósito en San Juan, llegó a su fin. Las partes acordaron y el proceso quedó cerrado, pero hay un detalle que llama la atención: nadie puede saber qué fue lo que acordaron.

Este medio consultó tanto a la Oficina de Mediación Judicial como a la propia Fiscalía de Estado para conocer el resultado de la mediación. En ambos lados confirmaron que hubo un acuerdo, pero se negaron a dar detalles bajo el argumento de la confidencialidad que caracteriza a este tipo de instancias.

Quiénes participaron y cómo se llegó al acuerdo

Según fuentes vinculadas al proceso, la mediación contó con la participación activa de los abogados de la Fiscalía de Estado, de las defensoras oficiales y del propio Salem, de 74 años. Tras varias rondas de diálogo y cuartos intermedios, las partes consiguieron consensuar una salida que evitó que el litigio se extendiera en el tiempo.

La actuación se encuadró en la Ley Provincial 883-A, que establece la mediación previa obligatoria para ciertos casos. Tal como aclararon las fuentes, la función de esta instancia no es determinar responsabilidades ni culpabilidades, sino generar un espacio para que las partes puedan acercar propuestas y alcanzar una solución dialogada.

En ese marco, destacaron la buena predisposición tanto de los letrados de la Fiscalía de Estado como de las defensoras oficiales que acompañaron a Salem, quien, según las fuentes, se mostró abierto al diálogo y a evaluar las alternativas que fueron surgiendo a lo largo de las audiencias.

El secreto que guarda el acuerdo

El proceso no se resolvió en un solo encuentro. Hubo distintas instancias de negociación y cuartos intermedios hasta que finalmente se firmó el acuerdo. La particularidad es que la misma herramienta que permitió cerrar el conflicto es la que impide conocer su contenido.

Es que quienes participan de una audiencia de mediación deben firmar un convenio de confidencialidad, que alcanza tanto a los profesionales como a las partes. Por ese motivo, no se puede revelar qué se discutió, qué propuestas se formularon ni cuáles fueron los términos específicos del acuerdo.

Incluso una versión inicial sobre una eventual reducción de los honorarios de mediación no terminó formando parte de la solución definitiva. Las cuestiones económicas fueron abordadas durante el procedimiento, pero las fuentes evitaron precisar cifras o condiciones por estar alcanzadas por la confidencialidad.

Lo único que se sabe oficialmente es el resultado general: hubo acuerdo entre la Fiscalía de Estado y Salem, y el conflicto civil quedó resuelto.

Qué pasa con la causa penal

Pero que se haya llegado a un acuerdo en el plano civil no significa que Salem esté exento de las consecuencias que pudiera tener la investigación penal iniciada a raíz de la amenaza de bomba. La mediación que terminó con el acuerdo corresponde exclusivamente al ámbito civil; la mediación judicial no intervino en la cuestión penal, y ambas vías deben ser consideradas por separado.

El episodio que originó todo ocurrió en agosto de 2025, antes del recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. Según la investigación de entonces, una llamada al 911 alertó sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo y provocó la evacuación preventiva del estadio. Finalmente, los controles determinaron que se trató de una falsa alarma y el espectáculo pudo comenzar alrededor de las 22.30.

Cinco días después, la Policía detuvo a Salem en su domicilio de Rivadavia. En el procedimiento se secuestró un arma calibre 22, y los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem le atribuyeron el delito de intimidación pública.

Aquella investigación penal y el proceso civil que posteriormente llegó a mediación tienen, por lo tanto, recorridos diferentes. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía de Estado no implica por sí mismo el cierre de una eventual causa penal ni determina qué sucederá en ella.

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