La causa Márquez y Asociados sumó cuatro detenciones: el pedido que ahora apura a San Luis

La investigación por las presuntas estafas de Márquez y Asociados volvió a moverse en Córdoba: la Fiscalía de Distrito I, Turno 1°, a cargo de Enrique Gavier, ordenó cuatro nuevas prisiones preventivas y el total de detenidos en esa provincia llegó a 13. En paralelo, en San Luis los abogados de los damnificados presionan para que la causa local dé un paso que todavía no dio.

Los flamantes imputados son Florencia Gisel Páez, Laura Nicolina Stancov, Inés María Gutiérrez Lascano y Fabio Javier Altamirano. Las tres mujeres aparecen señaladas como presuntas integrantes de una asociación ilícita, mientras que a Altamirano la investigación le atribuye el supuesto papel de jefe intermedio dentro de la estructura. Son imputaciones en etapa de investigación, no condenas.

Páez cumplirá la medida bajo la modalidad domiciliaria. La decisión se apoyó en razones humanitarias vinculadas con sus circunstancias personales y con el cuidado de su hija, nacida en junio. Los otros tres imputados seguirán alojados en establecimientos penitenciarios.

Quiénes ya estaban detenidos

Las cuatro preventivas nuevas se suman a las nueve que ya regían sobre otras personas. En esa lista figuran Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, Lucas Alberto Márquez y José Matías Márquez, junto con Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva, Matías Ariel Acevedo, Fabio Ferrari y Gerardo Wenetz.

La hipótesis que sostiene la Fiscalía cordobesa busca establecer si la estructura comercial de la desarrollista sirvió para concretar maniobras defraudatorias a través de la contratación de planes de viviendas. El siguiente paso es determinar qué participación habría tenido cada acusado y reunir las pruebas para avanzar hacia las próximas etapas del proceso.

El reclamo que llega desde San Luis

Mientras Córdoba avanza con las medidas judiciales, en San Luis los abogados de damnificados quieren que la investigación provincial se mueva sobre algunas de las personas que ya están imputadas en la provincia vecina.

Maximiliano del Signore, representante de dos familias, aseguró que hoy hay diez denuncias acumuladas en un mismo expediente y estimó que la cantidad de posibles afectados en la provincia podría trepar a unas 50 familias, aunque muchas nunca formalizaron una presentación judicial.

El expediente quedó concentrado en la Fiscalía N°4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de Javier Amitrano, después de pasar por otras dependencias. Del Signore presentó un pedido para que se avance con la formulación de cargos contra personas a las que vincula con las operaciones denunciadas en San Luis.

Entre ellas mencionó a Laura Nicolina Stancov, una de las últimas detenidas en Córdoba. Según el abogado, habría firmado contratos como apoderada de integrantes de la familia Márquez, documentación que afirmó tener incorporada en los casos de sus representados.

“Estamos a la expectativa de que se notifique a esta gente que está ahora presa y que respondan acá”, planteó el letrado.

Terrenos propios, obras que no llegaron

Los casos presentados en San Luis tienen como eje planes en los que los compradores aportaban sus propios terrenos y entregaban dinero para la construcción de viviendas. Según los denunciantes, las obras finalmente no se concretaron en los términos acordados.

Del Signore relató que una de sus representadas habría entregado más de $12 millones para acceder a una vivienda de unos 70 metros cuadrados. También señaló que recibió consultas de otros posibles damnificados que habrían pagado entre $700 mil y $3 millones, pero que decidieron no iniciar acciones judiciales por los costos o porque consideraron que la suma perdida no justificaba afrontar un proceso.

Esas cifras corresponden a lo informado por el abogado y deberán determinarse en cada expediente.

La quiebra que corre por otro carril

El frente penal convive con una situación patrimonial complicada en el fuero civil y comercial. La Justicia de Córdoba informó el 22 de septiembre la declaración de quiebra de Márquez 4 Elementos SRL, tras considerar que la sociedad atravesaba un estado generalizado y permanente de cesación de pagos. La resolución incluyó medidas sobre los bienes, la documentación contable y las cuentas de la empresa.

Así quedan abiertas dos discusiones distintas: por un lado, la eventual responsabilidad penal de los investigados por las operaciones; por el otro, las posibilidades concretas de que acreedores y compradores recuperen el dinero entregado.

En San Luis, la expectativa de los denunciantes está puesta en la decisión de la Fiscalía provincial sobre los pedidos de formulación de cargos. El avance de la causa cordobesa no reemplaza las investigaciones locales, pero puede aportar elementos y facilitar medidas de cooperación entre ambas jurisdicciones.