La causa del acueducto Gran Tulum quedó en el medio de una pelea entre la Justicia provincial y la federal

La investigación por las presuntas irregularidades en la contratación y provisión de los caños del acueducto Gran Tulum entró en un terreno incierto: ahora hay que definir si sigue en la Justicia provincial o si pasa a la órbita federal, un debate que podría estirar los tiempos y hasta terminar en la Corte Suprema.

El planteo lo hizo uno de los propios apuntados en el expediente. Sergio Ruiz, expresidente de OSSE, presentó a través de su abogado Nasser Uzair un escrito en Comodoro Py para que el caso salga de San Juan. Su argumento: la Nación aportó fondos para financiar la obra y avaló la toma de créditos, por lo que una eventual afectación de las arcas nacionales impediría que intervengan los tribunales locales.

Ese movimiento activó al juez Daniel Rafecas, que desde Capital Federal pidió información de la causa para analizar y resolver si corresponde a la Justicia provincial o a la federal.

La respuesta del Ministerio Público

El fiscal Sebastián Gómez, uno de los que lleva adelante la investigación, salió a cruzar ese planteo y sostuvo que el proceso debe sustanciarse en el fuero provincial. Según su lectura, lo que se investiga es la compra de los caños y su colocación, y esa parte se financió con el dinero del crédito de Kuwait que tomó el Estado sanjuanino, que ya se está devolviendo en tiempo y forma. Por lo tanto, lo que está en juego es un presunto perjuicio de las cuentas públicas provinciales.

Gómez fue más allá y anticipó que, si hay un intento por trasladar el expediente a la órbita federal, resistirán esa competencia y le pedirán a la jueza Mónica Lucero que se oponga. Si la magistrada lo hace, se abriría un conflicto de competencias que obligaría a intervenir a la Corte Suprema, el único tribunal facultado para decidir a quién le corresponde la causa.

Para el fiscal, la presentación de la defensa de Ruiz en Comodoro Py tiene otro objetivo: dilatar las cosas. “Ya hizo varios planteos, esto es más de lo mismo”, sentenció.

Qué dicen los involucrados

Ruiz y su abogado sostienen que en todo esto hay una mano política y buscan sacar la causa de la provincia convencidos de que así habría imparcialidad. Uzair lo dijo públicamente: "existe una evidente selectividad en la actuación de los fiscales. Por ejemplo, se cita a Cristian Andino por haber sido presidente de OSSE, pero no se aplica el mismo criterio respecto del exgobernador José Luis Gioja, iniciador de la obra".

El letrado también apuntó contra José Luis Beltrán, actual presidente de OSSE durante la gestión de Marcelo Orrego, al asegurar que no se lo citó a pesar de que fue quien “auditó y firmó cada paso de la obra”.

Los 11 apuntados y la audiencia que quedó en suspenso

La denuncia que había hecho Marcelo Arancibia en diciembre por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa que proveyó los caños y en la ejecución de la obra fue lo que puso en marcha todo. El Ministerio Público local encaró una investigación previa y espera poder imputar a 11 personas.

Entre los señalados aparecen el exgobernador y actual senador Sergio Uñac, el exministro Julio Ortiz Andino y el expresidente de OSSE y actual diputado nacional Cristian Andino. También figuran los expresidentes de OSSE Juan Carlos Caparros y Guillermo Sirerol; el exjefe del departamento jurídico de la empresa estatal y actual juez Laboral, Gonzalo Caballero; y los funcionarios de la misma repartición Rolando Caruso, Francisco Correa y Juan Antonio Sánchez. A ellos se suma Gustavo Mastelono, representante de la firma Krah América Latina S.A., que proveyó los caños supuestamente defectuosos.

La audiencia de formalización arrancó, pero Uñac y Andino no se presentaron alegando actividad en el Congreso. La jueza decidió suspender la cita y convocar a una nueva para que comparezcan todos.

Mientras se esperan los movimientos de Rafecas, la causa sigue su curso en el palacio de tribunales. Y aun si se desatara el conflicto de competencias, el planteo de Ruiz no tiene poder para detener el proceso hasta que exista una resolución de la Corte Suprema.