La causa del acueducto dio un giro inesperado: los defensores apuntan ahora contra los fiscales
Los abogados de los imputados por la obra del Acueducto Gran Tulum no se quedaron de brazos cruzados: fueron a Comodoro Py y denunciaron a los fiscales que llevan la causa. ¿Qué figuras del Código Penal les endilgan?
La investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum escaló a un terreno que nadie anticipaba. Las defensas de los imputados —entre ellos exfuncionarios provinciales y legisladores en ejercicio— decidieron llevar el conflicto al fuero federal y denunciaron penalmente a los fiscales de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez y Francisco Pizarro.
Según lo difundido por el sitio Tiempo de San Juan, la presentación recayó en los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires y se tramita bajo estricta reserva. Hasta el momento no trascedió qué juzgado quedó a cargo del expediente ni la calificación legal precisa que se aplicó contra los dos funcionarios judiciales sanjuaninos.
Las dos figuras que suenan en los pasillos
En el ambiente judicial circulan con fuerza dos artículos del Código Penal vinculados al ejercicio de la función pública, aunque ninguna de las dos alternativas fue confirmada oficialmente.
La primera posibilidad apunta al abuso de autoridad, previsto en el artículo 248. Esa figura podría encuadrar si se considera que las resoluciones adoptadas a lo largo de la investigación resultaron ilegales o arbitrarias.
La segunda opción que se menciona es el incumplimiento de deberes, contemplado en el artículo 249, que alcanza a la omisión o al retardo injustificado en actos que son propios del cargo.
El pedido de Rafecas que quedó sin respuesta
El origen de esta embestida judicial estaría en un cruce entre la justicia provincial y la federal. Semanas atrás, el juez federal Daniel Rafecas solicitó formalmente al Ministerio Público de San Juan un informe sobre el estado en que se encuentra la causa.
El requerimiento respondió a un planteo de competencia que había presentado el abogado Nasser Uzair, defensor de los extitulares de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol.
La contestación del fiscal Gómez fue contundente: se negó a remitir la documentación con el argumento de que la causa todavía no fue formalizada y de que, al no existir imputaciones formales, la normativa vigente le impedía divulgar información de la instrucción preparatoria.
Esa negativa y la interpretación legal sostenida desde la fiscalía provincial habrían sido el disparador para que las defensas decidieran denunciar a los fiscales en la órbita federal.
Un tablero cada vez más tenso
La movida agrega máxima presión a una investigación que aún no llegó a la audiencia de formalización en el ámbito local. Al mismo tiempo, reordena las piezas de un expediente que ya se juega en dos escenarios: San Juan y Buenos Aires.
