La causa contra los Milei por $LIBRA quedó sin quién la apele: la trama detrás del archivo

El sobreseimiento de Javier y Karina Milei en el caso $LIBRA, dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, ya no tiene quién lo impugne. La decisión quedó firme después de una sucesión de movimientos judiciales que dejaron el expediente sin querellantes y con un único acusador, el fiscal Eduardo Taiano, que pidió el sobreseimiento de todos los imputados. La causa está "herida de muerte", según un funcionario de Comodoro Py.

El fallo que apartó a los inversores

El 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la exclusión de cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas que sufrieron al comprar la criptomoneda promocionada por el Presidente. Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi firmaron la resolución en su primer día con los nuevos jueces designados por Milei.

Sin querellantes, Taiano quedó como único acusador. El viernes se conoció que había promovido el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen que se mantuvo en reserva. Con el fiscal alineado con las defensas y sin víctimas que pudieran ser escuchadas, no hubo apelación posible.

El ascenso express de Bertuzzi

La llegada de Bertuzzi a la Cámara Federal tuvo un recorrido llamativo. En el concurso del Consejo de la Magistratura había quedado en el puesto 21 tras los exámenes escritos y el análisis de antecedentes. Luego de la entrevista personal, el dictamen de comisión lo subió al 16, todavía lejos de los seis primeros que integraban las ternas.

Este año, el consejero Diego Barroetaveña revisó las entrevistas filmadas de todos los postulantes y lo ubicó sexto. Milei lo nombró el 2 de septiembre y dos días después la Sala I confirmó la exclusión de los querellantes de $LIBRA. Fue una de las decenas de designaciones de jueces del Presidente, que también incluyó a la esposa de Martínez de Giorgi como magistrada federal de Hurlingham dos meses antes.

Dos varas para medir querellantes

Llorens y Bertuzzi ya habían tenido un gesto amplio con los querellantes en 2023, cuando revocaron el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la ruta del dinero K. En ese caso aceptaron a la Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG cercana a Pro, como damnificada y ordenaron reabrir la causa. Llorens sostuvo entonces que los argumentos de la entidad eran "suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que presenta conocer la verdad de los hechos".

En $LIBRA, en cambio, los mismos jueces fueron estrictos: consideraron que los damnificados no probaron su condición de víctimas ni acreditaron un engaño que los hubiera llevado a invertir. Avalaron así el criterio de Martínez de Giorgi, que en la práctica les exigía demostrar el delito que la propia causa investigaba.

La PIA, fuera de juego

Taiano tampoco dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el organismo del Ministerio Público que suele actuar en causas contra funcionarios. La PIA, dirigida por Sergio Rodríguez, había abierto un expediente sobre $LIBRA antes de que el caso se judicializara.

Esa procuraduría tiene antecedentes de insistir donde los fiscales se retiran: logró reabrir el caso Skanska y reclamó en soledad la reapertura del Vacunatorio VIP, que la Cámara Federal terminó ordenando. Pero fuentes del Ministerio Público explicaron a LA NACION que este escenario es distinto: el fiscal pidió los sobreseimientos, el juez los dictó y la PIA, que ni siquiera fue notificada, ya no tendría margen para contradecir al fiscal del caso.

El último recurso y la carrera contra el reloj

La única vía para reabrir la causa sería una intervención de la Cámara Federal de Casación. Los inversores excluidos presentaron un recurso de casación contra el fallo de Llorens y Bertuzzi, que no se lo concedieron, y fueron directamente "en queja" al tribunal superior.

En Casación admiten que no hay tiempos para reponerlos como querellantes antes del jueves, cuando vence el plazo para apelar los sobreseimientos. Si la queja se abre, habría que notificar a las partes, convocar a una audiencia y recién después resolver. La sala que debe decidir está integrada por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, y hasta ahora no tienen una decisión consensuada, según fuentes judiciales.

Las presuntas víctimas aún podrían presentar antes del jueves una apelación contra los sobreseimientos, confiando en que Casación las reponga más adelante. Sería un recurso extremo: en una causa en la que hoy no intervienen, contra un fallo que nadie les notificó, para intentar impulsar desde cero una investigación que un juez ya cerró.