La causa Báez: 7.000 ovejas, $26 millones y una venta que no cierra
Un contrato por 7.000 ovejas, $26 millones que fueron a parar a un supuesto operador y un alquiler que nunca se pagó: la Justicia intenta desentrañar si todo fue una maniobra para sostener bienes bajo la lupa. Lo que encontraron en los papeles de la estancia.
La investigación federal que tramita en Río Gallegos sumó nuevos indicios sobre cómo se habrían movido dinero y ganado en campos vinculados a Lázaro Báez. La Fiscalía intenta determinar si esos acuerdos fueron operaciones reales o si sirvieron para justificar transferencias y sostener activos pese a las restricciones judiciales. Todo son hipótesis bajo investigación, no hechos probados.
El contrato de las 7.000 ovejas
Uno de los documentos que analiza el expediente es un contrato de capitalización ganadera firmado en marzo de 2025. Según la información del expediente publicada por Infobae, Paula Beatriz Godfrid aportó 7.000 ovejas para cría y engorde en la estancia Coronel Guarumba, donde Austral Agro ya tenía alrededor de 1.000 animales.
Entre abril y octubre de 2026, Godfrid y su hijo habrían transferido $26,2 millones a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín" y señalado por la Fiscalía como operador de Báez en Río Gallegos. Los investigadores analizan si el acuerdo ganadero justificó esos movimientos.
La venta de 600 ovejas y lana por dólares
Otra línea bajo análisis surgió de una comunicación entre Ibáñez y Oscar Núñez. De acuerdo con la reconstrucción de Infobae sobre la investigación, en esa conversación se habría negociado la venta de 600 ovejas sin documentación y de un lote de lana para conseguir con urgencia 10.000 dólares en efectivo.
La Fiscalía intenta establecer de dónde provenían los animales, quiénes participaron de la operación y qué destino tuvo el dinero. La conversación, por sí sola, no prueba que la venta se haya concretado: forma parte de los indicios que se investigan.
El alquiler impago de La Entrerriana
En la estancia La Entrerriana, en Santa Cruz, los investigadores encontraron un contrato de alquiler rural a favor de Ibáñez, firmado el 1 de mayo de 2026, por un canon mensual de $2 millones.
Sin embargo, según las planillas secuestradas, el alquiler no se habría pagado y habría acumulado una deuda de $12 millones. Para el fiscal, esa diferencia entre el contrato y los registros de pago podría indicar un acuerdo simulado o de favor entre personas investigadas.
Los departamentos del edificio Koonek
La causa también puso la lupa sobre departamentos del edificio Koonek, en Río Gallegos. Según la información publicada sobre el expediente, cuatro unidades cuyos derechos fueron decomisados y transferidos a la Corte Suprema habrían generado gestiones de Ibáñez para averiguar quién cobraba los alquileres y por qué esos ingresos no llegaban a las cuentas de Báez.
Dos investigaciones conectadas
La causa patrimonial se desprendió de una investigación por presunto narcotráfico. La Fiscalía sostiene que una organización habría trasladado cocaína en camiones y distribuido la droga desde un lavadero; luego, al analizar comunicaciones y movimientos de dinero, detectó vínculos entre Ibáñez y bienes relacionados con Báez.
El Ministerio Público Fiscal informó que en las audiencias se formalizaron imputaciones contra 16 personas en dos expedientes conexos. Para la investigación por lavado estimó un flujo de $390,88 millones. Esa cifra corresponde a operaciones bajo análisis y no implica que todo ese dinero haya sido probado como producto de un delito.
La hipótesis fiscal sostiene que Báez habría seguido tomando decisiones sobre activos a través de otras personas. También atribuye a Ibáñez un papel de enlace entre la estructura patrimonial investigada y la organización narco. Las responsabilidades de cada imputado deberán ser determinadas durante el proceso.
