La cárcel de Salta tenía una red de drogas adentro: quiénes la manejaban desde el penal

La Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta ratificó las condenas contra los integrantes de la llamada red narcocriminal carcelaria, la estructura que fue investigada por vender estupefacientes dentro de la Unidad Carcelaria 1 y por otros delitos cometidos desde el propio establecimiento penitenciario.

La decisión se tomó al revisar los recursos que presentaron las defensas contra la sentencia que había condenado a 17 personas, un grupo que mezcló a funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y personas vinculadas con alojados en la cárcel.

Quiénes siguen condenados

La Sala II rechazó los planteos y mantuvo las condenas de José Luis Alarcón, Luis Roberto Castaño, Marcelo Olguín Magno, Baldomero Darío Córdoba, Manuel Méndez, María Inés Méndez, Héctor Gustavo Banega, Ivana Marcela Gutiérrez, Nicole Judith Ana Luna, Patricia Daiana del Rosario Flores, María Cristina Galindo y Andrea Abigail Alba.

En otros cinco casos, el Tribunal hizo lugar de manera parcial a los reclamos de las defensas por hechos puntuales de exacciones ilegales y concusión, lo que derivó en una adecuación de las penas. Aun así, sostuvo las acusaciones por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita para Sergio Moya, Francisco Bisceglia, Marcos Bucotich García y Raúl Arjona.

Para Rubén Guaymás, en tanto, quedaron confirmados los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Las penas que quedaron firmes

Después de la audiencia de visu, las condenas se fijaron así: Sergio Moya, nueve años y seis meses de prisión efectiva; Francisco Bisceglia, diez años y dos meses; Raúl Arjona, seis años y ocho meses; Marcos Bucotich García, cinco años y ocho meses; y Rubén Guaymás, cuatro años y ocho meses.

Cómo funcionaba la organización

La causa la investigó y la llevó a juicio una Unidad Fiscal que integraron el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

Durante el proceso, los fiscales sostuvieron que los acusados actuaban de manera organizada, con jerarquías y funciones repartidas, para sostener un sistema de venta de estupefacientes dentro de la Unidad Carcelaria 1. En algunos casos también se investigaron maniobras de exacciones ilegales.

La hipótesis de la acusación apuntó a una estructura con varios actores: funcionarios penitenciarios, internos y personas vinculadas con los alojados. Según el planteo del juicio, la organización podía moverse, entre otras razones, gracias a la participación de agentes que tenían responsabilidades sobre la guarda de los presos.

Diez semanas de debate

El juicio oral arrancó el 4 de agosto de 2025 y se estiró durante diez semanas, hasta el 15 de octubre. En las audiencias, la Unidad Fiscal presentó la prueba que reunió para acreditar tanto el funcionamiento de la organización como la participación que se le atribuía a cada integrante.

Al terminar el debate, la Sala 7 del Tribunal de Juicio condenó a 17 personas. Entre ellas estaban los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario que habían llegado acusados, además de internos y personas relacionadas con alojados en la Unidad Carcelaria 1. Las penas de esa instancia fueron de entre uno y diez años y seis meses de prisión. Las defensas recurrieron y llevaron el caso al Tribunal de Impugnación.

La fiscal Mónica Poma, de la Fiscalía de Impugnación 2, representó al Ministerio Público Fiscal en la revisión, donde la Sala II analizó cada recurso contra la sentencia.

Qué resolvió la revisión

El fallo confirmó el núcleo de las condenas por comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, y solo tocó de manera parcial cinco casos por hechos concretos de exacciones ilegales y concusión.

Es decir: la revisión no dejó sin efecto las condenas ligadas a la estructura narcocriminal que se investigó dentro de la Unidad Carcelaria 1. Los cambios se limitaron a hechos específicos y tuvieron como consecuencia una adecuación de las penas en esos cinco casos.

Para el Ministerio Público Fiscal, la resolución ratifica el resultado del juicio de diez semanas y las conclusiones de la investigación sobre una organización que, según la acusación, tenía distintos niveles de participación y roles definidos dentro y fuera del penal.

La gravedad institucional que marcó la Fiscalía

En su alegato final, el procurador general Pedro García Castiella había subrayado la gravedad institucional de los hechos y apuntado en particular contra la participación de funcionarios penitenciarios.

Según sostuvo durante el debate, la intervención de agentes que tenían a su cargo la custodia de personas privadas de libertad implicó apartarse de las obligaciones de esa función y afectó los derechos de quienes estaban alojados en la Unidad Carcelaria 1.

Con la firma de la Sala II, las condenas por la venta de drogas dentro del establecimiento penitenciario y por asociación ilícita quedan ahora firmes tras el pedido de revisión de las defensas.