Más de 500 fallecidos en el padrón y 70 votos emitidos desde 2018: sobre ese punto de partida La Calera montó un sistema que ahora auditan desde afuera y que la pone primera en el país.
La Municipalidad de La Calera superó la auditoría externa de la norma ISO 37301 y se convirtió en la primera ciudad del país en certificar su sistema de compliance. La gestión de Fernando Rambaldi suma así un tercer sello internacional, tras las dos normas antisoborno que ya tenía aprobadas, en un trabajo que lleva adelante la Subdirección de Modernización que conduce Darío Freites.
Qué es el compliance y por qué importa
Se trata de un sistema integral de reglas, controles y procedimientos que obliga a una organización a cumplir la ley y sus propios compromisos éticos, y que además la somete a la revisión periódica de auditores independientes.
Para los vecinos, el impacto es concreto: un código de ética estricto para funcionarios y empleados, estándares más exigentes en las compras y contrataciones públicas, y mecanismos para prevenir, detectar y sancionar irregularidades. La idea de fondo es correr el margen del manejo discrecional de los fondos municipales y dejar cada decisión sobre recursos públicos bajo la lupa.
El Estado, con las mismas reglas que los privados
El punto que el municipio destaca como inédito es que, por primera vez en la historia argentina, un gobierno local asume las mismas exigencias que se les piden a los proveedores y empresas contratistas cuando licitan una obra o prestan un servicio. Adoptar esos estándares implica autoimponerse límites y controles externos poco habituales en la gestión pública, algo que la administración local resolvió asumir como definición política.
“Durante años, el Estado les exigió a los demás reglas que no estaba dispuesto a cumplir. Nosotros decidimos ponernos los mismos límites, porque no tenemos nada que ocultar y porque manejamos el dinero de los calerenses con reglas claras y controles externos”, sostuvo el intendente Fernando Rambaldi.
De la vieja imagen a un municipio bajo la lupa propia
La Calera cargó durante mucho tiempo con la fama de graves irregularidades institucionales. La actual gestión asegura haber detectado más de 500 personas fallecidas en el padrón electoral, de las cuales al menos 70 registraron votos emitidos desde 2018. A eso se suman múltiples causas contra exfuncionarios por el uso discrecional de fondos, maquinaria municipal y terrenos públicos.
Para revertir ese escenario, el municipio sostiene una política de ordenamiento con varias patas:
Certificaciones internacionales: normas antisoborno y de compliance auditadas por fuera del municipio.
Reforma electoral y judicial: implementación de la Boleta Única de Sufragio y la Ficha Limpia, más de 30 denuncias penales contra exfuncionarios.
Control administrativo: más de 200 bajas de agentes municipales por ausentismo injustificado, robo al Estado o mal desempeño.