La Bicameral que controla los DNU de Milei quedó blindada: la jugada de LLA
La oposición denunció que hay decretos que violan la Constitución, pero la primera reunión terminó con un portazo y la agenda oficialista firme. Lo que pasó adentro, en la nota.
La Bicameral de Trámite Legislativo se constituyó este miércoles en el salón Arturo Illia del Senado y la primera reunión dejó en evidencia la grieta entre La Libertad Avanza (LLA) y la oposición por el destino de los decretos de necesidad y urgencia firmados por Javier Milei.
La presidencia del cuerpo quedó en manos de la senadora fueguina Belén Montes de Oca, mientras que la diputada de Unión por la Patria Teresa García fue elegida para la vicepresidencia.
El plan de LLA: arrancar por el Mercosur
Apenas asumió, Montes de Oca propuso comenzar el análisis por los más de 20 decretos vinculados a la nomenclatura común del Mercosur, acumulados desde 2024. “Representan un debate estratégico institucional para nuestro país, para que no existan vacíos normativos y reglas claras para el Mercosur”, justificó.
La oposición quiere ir por los decretos “inconstitucionales”
García salió al cruce y sostuvo que “hay cuestiones de más urgencia”, apuntando contra los decretos que, según dijo, “violan y vulneran flagrantemente la Constitución”. Enumeró el DNU 941/2025, que otorga “facultades cuasi policiales” a los servicios de inteligencia; el 264/2026, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras “sin intervención del Congreso”; el 575/2026, que fue “declarado inconstitucional por la justicia” por avanzar sobre el Poder Judicial; y el 681/2026, por su “vaguedad en materia migratoria”.
La diputada Vanesa Siley fue más lejos y pidió el rechazo de otros cuatro decretos: el 312/2025, que elimina el fondo fiduciario de la ley de Manejo del Fuego; el 194/2024, que subió los topes de asignaciones familiares y dejó afuera a 870 mil trabajadores y sus familias; el 847/2024, que reglamentó la modernización laboral de la ley Bases; y el 942/2025, que transfirió las facultades de la ANDIS al Ministerio de Salud.
“Aprovecharon la crisis política y corrupción de la ANDIS para ponerle tope al apercibimiento de las pensiones, medicamentos y tratamientos de alta complejidad”, protestó Siley. Su compañero Diego Giuliano propuso analizar, de los 186 DNU, cuáles tienen los mayores cuestionamientos constitucionales y legales.
La respuesta oficialista
Montes de Oca respondió que “no hay decretos más importantes que otros” y defendió la necesidad de “darle certezas jurídicas a los proyectos que nos vinculan con otros países”. Patricia Bullrich, jefa de la bancada de LLA, cerró la discusión al afirmar que los DNU de facultades delegadas provienen de una “atribución constitucional” y que revisarlos sería “desconocer lo que el mismo Congreso votó”.
