La banda que extorsionó al soldado de Olivos: piden juicio para los siete acusados

La Justicia Federal dio un paso clave en la causa por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, que se suicidó en la Quinta de Olivos en diciembre pasado. El fiscal Federico Iuspa solicitó elevar a juicio oral a los siete integrantes de la banda que lo extorsionaron. El joven de 21 años, granadero del Escuadrón Chacabuco, dejó una carta antes de dispararse con su arma reglamentaria.

El pedido fue presentado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Según la acusación, los imputados formaban parte de una asociación ilícita que operaba desde plataformas de citas para captar víctimas y luego exigirles dinero bajo amenazas de denuncias penales falsas. Para los líderes de la organización, además, se pidió el delito de instigación al suicidio.

¿Cómo operaba la red que terminó con la vida de un soldado?

La investigación reveló que la banda estaba liderada por dos detenidos alojados en la Unidad 36 de Magdalena, del Servicio Penitenciario Bonaerense. Junto a ellos actuaban otro preso y cuatro mujeres desde el exterior, que facilitaban cuentas bancarias, billeteras virtuales y líneas telefónicas.

El mecanismo era siempre el mismo: creaban perfiles falsos de mujeres en aplicaciones como Evermatch y luego pasaban la conversación a WhatsApp. Una vez que lograban enganchar a la víctima, aparecía una supuesta madre que decía que la joven era menor de edad y amenazaba con denunciar. Después, un falso policía exigía transferencias para frenar la causa.

Gómez cayó en la trampa el 15 de diciembre de 2025 y transfirió $1.413.000 a cuentas de la organización. Al día siguiente, fue hallado sin vida en una garita de la residencia presidencial.

Otras víctimas y una red que operaba desde la cárcel

No fue el único caso. Los pesquisas identificaron al menos dos episodios más: un hombre entregó $15.000 tras las amenazas, y otra víctima transfirió $116.000 en distintos pagos. Todos los damnificados fueron contactados con el mismo modus operandi.

Los siete sospechosos fueron detenidos en febrero durante allanamientos en penales y domicilios del conurbano bonaerense. Desde entonces, están procesados con prisión preventiva. En el pedido de elevación a juicio, el fiscal Iuspa sostuvo que las pruebas demuestran que actuaban bajo un plan común y organizado, y que parte de las maniobras se ejecutaban desde la cárcel. Incluso, llegaron a usar la identidad de un policía real para concretar los engaños.

Para la fiscalía, la multiplicidad de damnificados y el trágico desenlace de Gómez evidencian el altísimo grado de organización y peligrosidad de la banda.