La balacera en Allen que casi termina en tragedia: el detalle que la Justicia quiere revisar antes de soltar al acusado

La Justicia de Río Negro decidió prorrogar la prisión preventiva de Héctor Iván Samuel, acusado por el ataque armado ocurrido a fines de julio en Allen. La jueza de Garantías Claudia Lemunao extendió la medida por dos meses, hasta el 27 de noviembre, en una causa por tentativa de homicidio agravado.

La resolución se tomó en una audiencia en Roca y respondió al pedido de la fiscal Celeste Benatti, quien advirtió sobre los riesgos de entorpecimiento y fuga. La fiscalía subrayó la necesidad de proteger a testigos clave —entre ellos una conductora de Uber que habría sido amenazada— y de asegurar pruebas pendientes, como el cotejo balístico y los peritajes a los teléfonos secuestrados.

Un ataque planificado y un trasfondo narco

El hecho ocurrió la madrugada del 23 de julio de 2026. Según la investigación, cuatro personas se reunieron en una gomería local vinculada a la venta de estupefacientes, donde se armaron y coordinaron irrumpir en un domicilio. Dos llegaron en un auto de alquiler y los demás en moto. Al ingresar, efectuaron al menos ocho disparos contra el propietario de la vivienda, que sufrió heridas graves, mientras que otro ocupante resultó con lesiones leves.

El ataque se detuvo cuando un presente logró inhabilitar el arma del agresor durante un forcejeo, lo que provocó la huida de la banda. Para los investigadores, el móvil habría sido una disputa territorial ligada al narcotráfico.

Qué argumentó la defensa y qué respondió la jueza

La fiscalía sostuvo que el acusado no tiene arraigo y mencionó que su madre había pedido una exclusión del hogar por conflictos familiares. Además, buscaba unificar plazos con el segundo imputado, Maximiliano Andrés Calful, cuya preventiva vence el 26 de diciembre.

El defensor público Gustavo Viecens rechazó la prórroga y pidió un máximo de 30 días. Aseguró que su defendido no registra enemistad con las víctimas y cuestionó los retrasos en las pericias. «Las pruebas esenciales que encargó la fiscalía van a llevar mucho tiempo, pero eso no justifica que mi defendido siga privado de su libertad», expresó.

La jueza Lemunao justificó la medida por la gravedad del hecho y la necesidad de resguardar la prueba. Con esta extensión, Samuel acumula cuatro meses de detención. Sin embargo, instó a la fiscalía a gestionar el adelanto de los turnos en la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel), fijados para febrero de 2027.

«Las demoras que pueda llegar a tener el Estado no pueden ser achacables a los imputados», advirtió la magistrada al fijar el vencimiento para el 27 de noviembre, con la intención de avanzar hacia el control de acusación antes de fin de año.

La magistrada resolvió mantener la medida cautelar. Foto: Archivo.