La ayuda por violencia de género en Río Gallegos: la espera que desespera
La directora de Políticas de Género de Río Gallegos reveló que las víctimas esperan más de 80 días para cobrar la ayuda de la Ley Acompañar. Además, apuntó contra los requisitos que, según ella, burocratizan la emergencia. ¿Qué dijo sobre los obstáculos?
La directora de Políticas de Género de Río Gallegos, Viviana Caballero, reveló que las víctimas esperan más de 80 días para acceder al subsidio de la Ley Acompañar y cuestionó los requisitos que, según ella, burocratizan la emergencia.
En la previa del 25N, la funcionaria pasó por el programa La Bisagra de Tiempo FM 97.5 y trazó un panorama crítico sobre las políticas públicas en la materia. Denunció un "retroceso" a nivel nacional y provincial, y puso el foco en las trabas que enfrentan las mujeres que piden asistencia.
Agenda y reclamos en la calle
El municipio organizó para el 25 de noviembre un encuentro en la plaza San Martín contra las violencias de género. Participarán la Dirección de Políticas de Género, la Oficina de Violencia Doméstica del Tribunal Superior de Justicia y la Oficina de Asesoramiento Letrado de la Defensoría General, con el objetivo de brindar asesoramiento y acompañamiento directo a los vecinos.
El día previo, la Dirección tenía previsto realizar una conmemoración por el trabajo anual del área y presentar estadísticas en el Teatro Marinero.
La demora que complica la salida
Caballero señaló que el principal reclamo hacia la provincia es el cumplimiento de la Ley Acompañar. Según sus declaraciones, las mujeres que solicitan la asistencia a través de los municipios esperan más de 80 días para recibirla. El monto equivale a un salario mínimo, vital y móvil —que estimó en torno a los 394.000 pesos— y se extiende por tres meses, un monto que consideró insuficiente frente al costo de vida y la canasta básica patagónica.
Además, apuntó contra la reglamentación del Ministerio de Desarrollo Social por burocratizar el acceso. Entre los obstáculos enumeró:
- Restricción por ingresos o relación de dependencia: limita el acceso a quienes no tengan ingresos fijos, pese a que la violencia económica puede dejar sin solvencia a una persona aunque trabaje.
- Exigencia de denuncia y talleres: obliga a denunciar y a cursar talleres de formación para percibir la ayuda, sin contemplar situaciones complejas como heridas o cuidado de hijos, ni la demora previa en el cobro.
- Incompatibilidad con otras asistencias: impide solicitar la ayuda por violencia de género si la mujer recibió previamente otro subsidio, por ejemplo tras el incendio de su vivienda.
Para la funcionaria, estos requisitos en momentos de emergencia vulneran derechos y postergan la salida de la situación de violencia. Sostuvo que los trámites no deben anteponerse al acompañamiento inmediato.
El rol del Estado y la estructura provincial
Durante la entrevista también se abordó la decisión del gobierno de Claudio Vidal de eliminar el Ministerio de la Mujer y reestructurar el área dentro de Desarrollo Social. Caballero afirmó que hubo una desjerarquización previa del entonces Ministerio de Igualdad e Integración, además de la caída de programas y la inestabilidad laboral que atravesaron trabajadores y trabajadoras.
Remarcó que dejaron de llegar a los municipios fondos de programas como Santa Cruz Abraza y Acompañar —cuando funcionaba como programa—, que permitían sostener acciones locales. Consultado sobre si la existencia del ministerio había reducido los casos, argumentó que el rol del Estado no se mide solo por la variación de femicidios, sino por el acompañamiento para que las mujeres no deban denunciar solas, regresar con sus agresores o quedar desprotegidas. Advirtió un aumento de las denuncias y de los intentos de femicidio.
Por último, recordó que el Municipio de Río Gallegos cuenta con un sistema de resguardo que incluye alojamientos temporales y provisión de viandas en hoteles hasta que la Justicia intervenga con medidas de protección. El equipo funciona las 24 horas a través de la guardia municipal en el 2966-307893.