Once sospechosos, una audiencia que se cae y una defensa que pide patear la definición: la causa del Acueducto Gran Tulum llega a su cita clave con el exministro Ortiz Andino de viaje y la Fiscalía hablando de "chicana".
La audiencia de formalización del caso Acueducto Gran Tulum, fijada para este martes a las 14.30, quedó envuelta en una disputa que podría cambiar el escenario procesal. El exministro Julio Ortiz Andino avisó que está fuera del país y pidió declarar por videoconferencia, lo que desató un cruce entre la defensa y el Ministerio Público sobre si la cita debe suspenderse o seguir adelante.
La jueza Mónica Lucero es quien tiene la última palabra. Deberá resolver si acepta la comparecencia virtual del exfuncionario o si posterga la audiencia, una definición que todavía no tiene fecha cierta: podría llegar antes del encuentro o incluso durante la misma jornada.
Qué argumentan las partes
La defensa de Ortiz Andino presentó un escrito en el que acreditó que el viaje familiar estaba planificado desde la primera parte del año: los pasajes fueron comprados con antelación, según fuentes del caso, para despejar cualquier sospecha de maniobra dilatoria. El exministro de Infraestructura de la gestión de Sergio Uñac manifestó además su disposición a participar de la audiencia de manera remota.
Ante esa presentación, algunos abogados defensores pidieron que la cita se suspenda y se reprograme para cuando estén todos los involucrados. Se apoyan en el antecedente de la primera convocatoria: en aquella oportunidad, Lucero no habilitó la participación virtual de Andino y por ese motivo la audiencia fue reprogramada para el 10 de noviembre.
Desde la Fiscalía, en cambio, sostienen que no hay motivos para una nueva postergación. Fuentes del Ministerio Público señalaron que la jueza podría autorizar sin problemas la conexión por zoom y avanzar con la imputación. Lo contrario, advirtieron, sería ceder a lo que calificaron como "chicanas" de los defensores y quedar expuestos a futuras presentaciones dilatorias.
El fiscal Sebastián Gómez ya había fijado postura en la primera audiencia, apuntando a Uñac y a Andino: sostuvo que las responsabilidades laborales no son un justificativo válido para ausentarse y que ningún sospechoso puede desconocer una orden judicial de comparecer.
Los once apuntados
La causa, conocida como Acueducto gate, se originó en una denuncia del dirigente político Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la licitación de los caños y en la ejecución de la obra durante la gestión anterior. Los fiscales les imputan a los señalados haber manipulado la licitación para favorecer a la firma Krah, que tenía a Gustavo Monti —primo de Uñac, ya fallecido— como representante local.
También les achacan que las cañerías aportadas por la empresa eran defectuosas y que la obra nunca se concretó, pese a que la provincia gestionó un crédito de 100 millones de dólares con ese destino.
Además de Ortiz Andino, la lista la integran el exgobernador Sergio Uñac y Cristian Andino, expresidente de OSSE. Se suman Gustavo Mastelono, presidente y representante de Krah América Latina S.A.; el juez Gonzalo Caballero, que al momento de los hechos era responsable Legal de OSSE; y los ex presidentes de la empresa estatal Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol. Completan el listado los exfuncionarios Francisco Javier Correa, Juan Carlos Caparrós, Juan Antonio Sánchez y Rolando Vicente Caruso.
La foto que quieren evitar y el cruce con la Justicia federal
La decisión de Lucero tiene una consecuencia que excede lo procesal. Si la jueza define la situación durante la audiencia, los diez sospechosos restantes deberán presentarse en Tribunales y quedarían captados en una imagen que buscan eludir. Si resuelve antes, la asistencia no sería necesaria y la postal quedaría para más adelante.
Mientras se aguarda la definición, en el edificio 25 de Mayo dan por firme la convocatoria y trabajan en dejar lista la sala. En el entorno de Uñac y Andino aseguraron que, de celebrarse, se presentarán.
Al escenario se sumó otro elemento durante el fin de semana: la jueza federal María Romilda Servini le envió un escrito a Lucero para que brinde detalles del expediente y así determinar si la competencia es provincial o federal. Es decir, si la causa sigue tramitándose en San Juan o si debe pasar a Comodoro Py.
