La auditoría que destapó el escándalo: miles de empleados fantasma en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Una auditoría integral reveló que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán eliminó 7.535 empleados de su nómina, muchos de ellos señalados como ‘fantasma’ y atribuidos a la gestión del ex intendente Germán Alfaro. El dato, que salió a la luz en un contexto preelectoral, encendió las alarmas sobre el uso de recursos públicos.

Según la Dirección de Capital Humano, a cargo de María Lorena Radrizzani, la planta actual de empleados municipales asciende a 4.588 trabajadores, una cifra muy inferior a los 12.123 que figuraban en los registros auditados en 2023. La reducción de 7.535 agentes se produjo tras estrictos controles de presentismo y verificación de tareas.

¿Dónde vivían los empleados fantasma?

De los 12.123 empleados relevados inicialmente, 6.848 tenían domicilio en la capital tucumana, mientras que 5.275 residían fuera del municipio. Aunque la ley no prohíbe contratar personas de otras localidades, el fuerte incremento de agentes del interior provincial generó sospechas.

La auditoría detalló que 1.382 empleados vivían en el departamento Cruz Alta (198 en Alderetes y 659 en Banda del Río Salí), 949 en Tafí Viejo (289 en Las Talitas), cerca de 900 en Yerba Buena, 250 en Burruyacu, 180 en Tafí del Valle, 112 en Simoca y 78 en Chicligasta.

Pueblos enteros ‘trabajando’ para la capital

Uno de los casos más llamativos fue El Chañar, en Burruyacu. Esta comuna de apenas 2.500 habitantes registraba 168 empleados municipales de la capital, lo que representa el 6,72% de su población total. En Colalao del Valle, de 964 censados en 2022, 68 figuraban como empleados, equivalentes al 7% de la población y al 14% de los adultos.

El ex subsecretario de Gobierno de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, vinculó este fenómeno con la estrategia política de la campaña de 2023. Según su versión, el entonces intendente Germán Alfaro, candidato a vicegobernador, buscó armar una estructura territorial fuera de la capital para captar votos en el interior, descuidando su propio distrito, donde la candidata oficialista Beatriz Ávila perdió por 5.000 votos.

Sangenis denunció que se distribuyeron contratos por montos que iban de $18.000 a $50.000 en localidades como Rumi Punco y Burruyacu. En muchos casos, los beneficiarios solo iban al municipio a firmar el contrato y retirar una tarjeta bancaria del Banco Macro, sin volver a trabajar.

La respuesta de los acusados

El actual diputado nacional y ex intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, rechazó las acusaciones de Sangenis, quien lo señaló por haber incorporado 800 contratos antes de las elecciones. “Todo eso es mentira”, afirmó Campero, y sostuvo que Yerba Buena tiene solo 949 empleados, de los cuales 795 son contratados, y que es uno de los municipios con menos empleados por habitante de la provincia.

Campero detalló que esos trabajadores cumplen funciones en la Guardia Urbana Municipal, la escuela municipal, el Centro de Salud Carrillo y el Centro de Monitoreo. Incluso relativizó los datos del sindicato local, que habla de 1.000 afiliados, al asegurar que la cifra real es menor.

El panorama provincial y la transparencia

En contraste, municipios como Concepción tienen alrededor de 480 empleados y Tafí Viejo unos 600. El acceso a las nóminas salariales es limitado: en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo y Concepción se puede solicitar por escrito o digital, mientras que Banda del Río Salí no ofrece ningún mecanismo.

A nivel provincial, Tucumán cuenta con unos 130.000 empleados públicos, lo que representa 59,5 agentes cada 1.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 69,8. Con un año preelectoral en marcha, el control de las plantas estatales vuelve a ser un tema candente.