La audiencia del Acueducto quedó en pausa y dos ausentes tienen la llave del desafuero
La audiencia del Acueducto arrancaba con once citados, pero dos sillas quedaron vacías y la jueza frenó todo. Ahora la fiscalía tiene un plan para la próxima: si los legisladores vuelven a faltar, se les termina la inmunidad.
La primera jornada de la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum no llegó a arrancar. La jueza de Garantías Mónica Lucero la suspendió al detectar que faltaban dos de los once investigados citados.
Los ausentes fueron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Ambos avisaron que no podían asistir por compromisos de labor parlamentaria; Uñac lo hizo por escrito. Fueron los únicos dos de los once imputados que no se presentaron.
Desde el Ministerio Público remarcaron que la presencia de todos los imputados en la sala es indispensable para avanzar con la imputación formal de los delitos. Esa instancia quedó congelada hasta nuevo aviso.
La jueza dijo no a la virtualidad
El fiscal de la causa, Sebastián Gómez, explicó ante el móvil de Canal 13 San Juan que la reprogramación no debe interpretarse como un fracaso, sino como un paso para garantizar el proceso.
La fiscalía no tenía objeción en que Uñac y Andino se conectaran por Zoom. La jueza Lucero rechazó esa posibilidad y exigió que la comparecencia sea física.
Ante ese panorama, Gómez dejó asentada una reserva: si los dos legisladores vuelven a faltar a la próxima citación, ejecutará formalmente el pedido de desafuero ante el Congreso de la Nación. El objetivo es quitarles la inmunidad y hacerlos comparecer con la fuerza pública, como a cualquier ciudadano común.
Secreto de sumario y cambio de sede
Antes de la nueva audiencia, el fiscal pidió y consiguió que toda la documentación y el legajo queden bajo estricto secreto para los defensores, como forma de blindar la estrategia del Ministerio Público.
La Oficina Judicial deberá fijar la nueva fecha, y la jueza tendrá un plazo de 10 días hábiles para notificar a las partes.
Por la cantidad de personas involucradas, la fiscalía solicitó mudar el debate a un espacio más amplio. La principal opción que se evalúa es la sala del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan.
El frente por la competencia
A la causa se le sumó un conflicto por quién debe investigarla. Uno de los procesados, el expresidente de OSSE Sergio Fabián Ruiz, cuestionó la jurisdicción provincial y pidió que el expediente pase al fuero federal.
Frente a ese planteo, Gómez aclaró que "el juez federal Daniel Rafecas solicitó informes sobre el expediente antes de resolver si corresponde que la investigación continúe bajo la órbita de la Justicia Federal".