La agencia que se lleva el 45% del turismo rionegrino ya cobró casi US$ 5 millones: ahora discuten qué hacer con ella

La Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) ya percibió $7.668 millones de su asignación provincial en lo que va del año, una cifra que ronda los US$ 5 millones. Y el número no es el único dato que llama la atención: para el cierre de 2026, la participación proyectada treparía a $10.224 millones, equivalentes a unos US$ 6,6 millones.

Puestos en términos concretos, esos recursos anuales alcanzarían para construir dos escuelas de infraestructura. El dato no es menor en un contexto donde la discusión por el destino del organismo volvió al centro de la escena.

De dónde sale la plata

El financiamiento de la ATUR no depende de decisiones discrecionales: está fijado por ley. La norma le asigna el 45% de lo recaudado en Ingresos Brutos por las actividades vinculadas al turismo, un esquema que le garantiza un flujo constante de fondos.

Sin embargo, contar con los recursos asegurados no bastó para evitar los problemas operativos de una autarquía que todavía no termina de consolidarse. La renuncia de su director general, Diego Piquín, dejó al descubierto esas dificultades.

Desde el Gobierno provincial marcan la cancha: sostienen que la ATUR tiene una composición mayoritariamente privada y se despegan de los inconvenientes de gestión. Pero la discusión excede la coyuntura y toca el modelo institucional elegido para conducir la política turística.

Cómo se reparte el Directorio

El órgano de conducción tiene 14 integrantes. Cuatro son representantes del Estado —entre ellos la presidenta, la secretaria de Turismo Sol Canalda— y diez pertenecen al sector privado. Esa mayoría privada es la que el Ejecutivo pone sobre la mesa a la hora de explicar los tropiezos.

La ley N° 5771, que creó la Agencia, previó mecanismos de control. Su artículo 45 establece que la ATUR definirá su propio sistema de fiscalización, pero también habilita a la Fiscalía de Estado y a la Contaduría a “establecer mecanismos especiales para ejercer sus competencias”.

El texto legal agrega una condición: esos controles deben cuidar de no entorpecer “el funcionamiento fluido” de la Agencia. Para los críticos, ese riesgo se materializó. Una de las falencias que se advierten es justamente la dificultad para alcanzar el dinamismo que se buscaba cuando se creó el organismo.

Weretilneck ya lo había anticipado

A comienzos de año, en una actividad en Dina Huapi, el gobernador Alberto Weretilneck adelantó su intención de modificar la ley de creación de la ATUR. Reconoció el trabajo en promoción turística, pero consideró que algunas funciones delegadas debían regresar a la órbita gubernamental.

“Tampoco da para que el Estado se retire absolutamente del Turismo en lo que hace a planificación, a infraestructura, en lo que hace a los vínculos”, afirmó el mandatario en aquella oportunidad.

Hace poco, el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, retomó la posibilidad de una reforma, aunque sin precisar su alcance. “Si hay reforma de la ley, este es el momento”, sostuvo al referirse a la situación del organismo y al debate abierto sobre su funcionamiento.

En principio, la infraestructura turística y su financiamiento son los componentes que el Gobierno provincial buscaría recuperar para la gestión estatal.

La autora del proyecto, en contra de reformar

La legisladora barilochense Marcela González Abdala fue quien redactó el proyecto de creación de la ATUR, elaborado a partir de un pedido y un análisis compartido con el gobernador. Hoy, alejada del oficialismo y alineada con los libertarios, no coincide con la necesidad de modificar la norma.

Para ella, los problemas se explican principalmente por la falta de conducción, aunque admite que el organismo necesita más tiempo para consolidar su funcionamiento operativo.

“Falta liderazgo estatal de quien conduce la Agencia, que es el presidente. Escucho que dicen: los privados querían la Agencia, ahí la tienen, pero ellos son un sector. Es el presidente quien debe llevar las políticas públicas adelante”, planteó.

González Abdala recordó que la ley surgió de un proceso de consenso y debate con los distintos actores del turismo provincial. Para elaborarla, contó, se analizaron tres modelos de agencias que consideró exitosos: los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Con los recursos garantizados por ley, el tradicional debate por el financiamiento quedó de lado. La discusión ahora pasa por otro lado: hasta dónde llega la autarquía de la Agencia y cuál es el papel efectivo del Estado en la política turística.