La acusación por la muerte de su pareja dio un giro inesperado: ahora podría recibir una pena mucho mayor

La situación judicial de una mujer acusada por la muerte de su pareja en el barrio Villa Ceferino cambió de manera drástica en las últimas horas. La fiscalía logró reformular la acusación e incorporar el agravante por el vínculo, lo que elevó la pena en expectativa de una escala de 1 a 3 años a otra que va de 10 a 25 años de prisión.

Se trata de M.B.C., imputada por la muerte de Lucas Antonio Méndez, ocurrida el 21 de junio en una vivienda de ese sector de Neuquén. La fiscal Lorena Juárez, junto al asistente letrado Maximiliano Jávega, solicitó el cambio de calificación y la jueza hizo lugar al planteo.

La acusación se mantiene por homicidio preterintencional, pero ahora con el agravante previsto en el artículo 82 del Código Penal. La fiscalía aclaró que no se incorporan hechos nuevos: la plataforma fáctica sigue siendo la misma y solo se modifica la calificación jurídica.

Como consecuencia de esta decisión, la jueza también prorrogó la prisión preventiva de la acusada por otros dos meses.

Cómo fue la noche del hecho

El episodio comenzó alrededor de las 20:30 del 21 de junio, cuando se produjo una discusión en la vivienda de Méndez. En el lugar estaban M.B.C. y familiares de la víctima. La situación fue lo suficientemente tensa como para que interviniera la Policía.

Tras ese primer episodio, la mujer se retiró, pero más tarde regresó. Según la acusación fiscal, al volver se generó una nueva discusión con Méndez que terminó en una pelea física. En medio del enfrentamiento, M.B.C. habría sacado de una mochila un destornillador y golpeado al hombre en la cabeza.

Méndez cayó inconsciente y fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Durante la audiencia, la fiscal Juárez relató una frase que, según la acusación, M.B.C. le dijo a la madre de la víctima después del ataque. Cuando la mujer le preguntó qué había hecho, la imputada respondió: “Lo apuñalé, gila”.

El rol del destornillador y la caída

Uno de los puntos centrales de la investigación fue determinar cómo se produjo la lesión que terminó con la vida de Méndez. Los estudios médicos y forenses concluyeron que el destornillador, por sus características, no tenía entidad suficiente para generar por sí solo las lesiones cerebrales que provocaron el fallecimiento.

La hipótesis de la fiscalía es que el golpe hizo que Méndez perdiera el conocimiento, cayera y su cabeza impactara contra una superficie dura, lo que le provocó las lesiones fatales. Por eso se mantiene la acusación por homicidio preterintencional: la acción habría producido un resultado más grave que el que se buscaba provocar.

Ahora, además, se suma el agravante por el vínculo que existía entre la acusada y la víctima.

De una pena de hasta 3 años a otra de hasta 25

El cambio de calificación tiene un impacto enorme para la acusada. Hasta esta audiencia, la figura atribuida contemplaba una pena de entre 1 y 3 años de prisión. Con la incorporación del agravante por el vínculo, la nueva escala penal prevista para el caso pasa a ser de 10 a 25 años.

La defensa cuestionó el planteo de la fiscalía y se opuso a la reformulación. Sin embargo, la jueza rechazó el planteo al considerar que, en esta etapa de la investigación, la modificación no provoca un “perjuicio constitucional actual y concreto” para la imputada. De esta manera, la acusación continuará bajo la nueva calificación.

Incumplimientos que complicaron a la acusada

La situación de M.B.C. también se vio complicada por sus antecedentes durante el proceso. La fiscal Juárez recordó que la mujer tenía la obligación de presentarse tres veces por semana ante el Ministerio Público Fiscal, pero dejó de cumplir con esa medida desde agosto.

A raíz de ese incumplimiento, fue declarada en rebeldía y permaneció prófuga hasta el 25 de septiembre, cuando finalmente fue localizada y detenida. Para la fiscalía, ese antecedente es un elemento concreto para sostener que existe riesgo de fuga.

Pero no fue el único argumento. M.B.C. tenía además prohibido acercarse o comunicarse con familiares de Méndez. Según explicó la fiscal durante la audiencia, pese a esa restricción, habría intentado contactar a una de ellas mediante mensajes, llamadas telefónicas y videollamadas.

Para la acusación, estos incumplimientos demuestran que las medidas dispuestas anteriormente no resultaron suficientes para garantizar que la imputada respetara las condiciones fijadas por la Justicia. Por eso, Juárez pidió que continuara detenida y solicitó una nueva prórroga de la prisión preventiva por dos meses.

La decisión de la jueza

La defensa no se opuso a que M.B.C. continuara bajo prisión preventiva, aunque pidió que la extensión fuera solamente por un mes. La jueza consideró que los riesgos procesales eran altos y que incluso se habían incrementado.

Para tomar la decisión, tuvo en cuenta el incumplimiento de las obligaciones anteriores, el período en el que la acusada permaneció prófuga, los intentos de comunicación con familiares de Méndez y la nueva calificación legal. También valoró el fuerte aumento de la pena en expectativa.

Finalmente, hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por dos meses. Así, M.B.C. continuará detenida mientras avanza la investigación por la muerte de Lucas Antonio Méndez, ocurrida después de una pelea en una vivienda del barrio Villa Ceferino.