Justicia reactiva el amparo contra el acuerdo YPF-Chubut y pone en vilo los terrenos para el Cerro Hermitte

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó el fallo que había archivado el amparo contra el acuerdo entre YPF y Chubut y ordenó que la causa siga en el Juzgado Federal de Rawson. La decisión no invalida el convenio, pero reactiva un expediente que podría frenar la entrega de tierras cedidas por la petrolera para relocalizar a los vecinos del Cerro Hermitte.

Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez resolvieron que el planteo debe ser tratado por la Justicia Federal y que el juez competente es Jorge Pfleger, de Rawson. El mismo magistrado se había declarado incompetente el 19 de agosto pasado y luego ordenó archivar las actuaciones.

Los amparistas apelaron y la Cámara consideró que existe una cuestión federal porque la demanda involucra al Estado Nacional y discute su eventual responsabilidad por los pasivos ambientales anteriores a la privatización de YPF. También sostuvo que el centro del conflicto está en la validez del Acta Acuerdo del 26 de junio, la ley provincial que la aprobó y los actos administrativos que le dieron sustento.

Qué incluye el acuerdo cuestionado

El convenio incluyó la transferencia de las concesiones de varias áreas petroleras a la Provincia y una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares, además de inmuebles y otros bienes. A cambio, según surge de la presentación judicial, Chubut asumió las contingencias futuras vinculadas con los pasivos ambientales y liberó a YPF de responsabilidades.

Ahora el próximo movimiento está en el juzgado de Rawson. Los abogados que impulsaron el amparo pidieron una medida cautelar para suspender provisoriamente los efectos del acuerdo hasta que se resuelva el fondo. También solicitaron que cualquier operación de abandono, sellado o taponamiento de pozos sea informada previamente y que se preserve la documentación ambiental de las áreas involucradas.

Eduardo Hualpa, uno de los abogados que participa del planteo en representación del docente Jorge Espíndola, explicó que la pretensión es que, mientras se discute la validez del acuerdo, este no pueda seguir produciendo efectos. En su interpretación, eso alcanzaría también a los bienes que YPF entregó como parte de la operación.

Frente al planteo de los amparistas, el juez deberá dar intervención a la administración provincial para que responda. La propia Cámara señaló que la causa es compleja, lo que motivó también la intervención del Ministerio Público Fiscal en la discusión sobre competencia, que se había expedido a favor de la competencia federal.

Para los amparistas, además, el monto de 25 millones de dólares acordado entre la provincia y YPF “es totalmente insuficiente”, frente a un cálculo que en la demanda estimaron en no menos de 700 millones de dólares como costo de la remediación ambiental de la ciudad.

El avance de los lotes para el Hermitte

La discusión judicial coincide con una definición política y social que tomó velocidad en los últimos días. Después de que el estudio técnico determinara que las familias de Los Tilos, Marquesado y Mazaredo no podrían continuar residiendo en sus viviendas por la inestabilidad de la ladera, el Gobierno provincial y el Municipio comenzaron a trabajar sobre alternativas de relocalización.

El sábado, Ignacio Torres anunció que la Provincia avanzará con un decreto para adjudicar lotes a familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte. Se trata de tierras cedidas por YPF —en la zona de los ex Almacenes, de km. 3— y, según explicó el gobernador, la intención es avanzar luego con mensuras, servicios y proyectos de vivienda, para lo que el municipio comenzó a delinear la mensura y comprometió al menos 138 lotes.

Ese anuncio coloca a los inmuebles transferidos por YPF en una situación particular: forman parte de una respuesta habitacional que el Estado ya comenzó a diseñar, pero al mismo tiempo integran el conjunto de bienes que los amparistas consideran alcanzados por el acuerdo cuya validez cuestionan.

Hualpa sostuvo que una eventual suspensión de los efectos del acuerdo debería alcanzar también a los bienes entregados por YPF. La Provincia, en cambio, tendrá oportunidad de plantear su posición cuando sea notificada del pedido cautelar.

Una definición que se espera para los próximos días

La Cámara dejó en claro que todavía no está resolviendo si el acuerdo es válido o inválido. Su decisión se concentró en determinar quién debe intervenir y dónde: el Juzgado Federal de Rawson. Allí deberá continuar el expediente que cuestiona la liberación de responsabilidades ambientales de YPF y plantea también la eventual responsabilidad patrimonial del Estado Nacional.

Hualpa señaló que la decisión sobre la medida cautelar solicitada debería conocerse en los próximos días, ya sea por la aceptación o el rechazo de los argumentos de los demandantes para suspender temporalmente el acuerdo.

Cualquiera sea la decisión, no será aún la resolución de fondo, para la que habrá que esperar los tiempos judiciales. Solo al final se sabrá si es válida la cesión de tierras que YPF acordó con el gobierno de Chubut y el posterior uso que este pueda dar a esos bienes.