Justicia en alerta: el Colegio de Abogados le pide al TSJ que intervenga por la demora en las apelaciones
Todos esperaban una respuesta judicial ágil y se encontraron con demoras que no terminan. El Colegio de Abogados salió a reclamar y ahora pide datos a los matriculados: lo que viene, adentro.
El Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz (CPASC) elevó un reclamo formal al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial por las demoras que registra la Cámara de Apelaciones de Río Gallegos. La entidad pidió que se adopten medidas urgentes para destrabar los expedientes y evitar que los plazos se sigan estirando.
Según señalaron desde el CPASC, la situación afecta tanto a los abogados que intervienen en los procesos como a los vecinos que esperan una respuesta de la Justicia. Entre los problemas que enumeraron aparecen las prolongadas demoras en la resolución de causas y los reiterados resorteos, que complican el avance de los trámites.
Para la entidad, el acceso a una justicia efectiva no se agota en obtener un fallo: también exige que las decisiones lleguen “en un plazo razonable”. Ese punto se vuelve crítico, remarcaron, cuando están en juego derechos de tipo alimentario, laboral o familiar, donde el tiempo puede incidir de manera directa en la vida de las personas.
Qué le piden al máximo tribunal
El CPASC le solicitó al TSJ que disponga medidas concretas para normalizar el funcionamiento de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial. También planteó la necesidad de preservar la antigüedad de las causas y de garantizar una respuesta adecuada tanto para los justiciables como para los profesionales que actúan a diario ante ese tribunal.
El pedido a los matriculados
Además del planteo institucional, el Colegio convocó a los abogados matriculados que tengan expedientes alcanzados por las demoras a informar esas situaciones. La intención es reunir datos sobre los casos afectados y contar con un panorama más preciso de las dificultades que atraviesan las causas en esa Cámara.
El reclamo vuelve a poner el foco en la necesidad de garantizar plazos razonables en la administración de justicia, sobre todo en aquellos procesos donde la espera puede tener consecuencias directas sobre derechos esenciales.
