Justicia dormida: la tragedia de la Alcaidía que destapó una ola de jueces bajo la lupa

La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca tomó una decisión que remece los cimientos del sistema judicial: ordenó investigar a los funcionarios que dejaron morir la causa de la Tragedia de la Alcaidía. Diez años de inacción que enterraron el juicio a cuatro policías imputados por la muerte de cuatro adolescentes.

El 28 de noviembre de 2025, los magistrados sobreseyeron a los acusados por “insubsistencia de la acción penal” y, en el mismo fallo, remitieron las actuaciones a la Secretaría de Sumarios para determinar responsabilidades. El motivo fue contundente: hubo “inacción injustificada del tribunal” y “falta de impulso” del Ministerio Público Fiscal durante una década.

¿Un patrón nacional?

Catamarca no es un caso aislado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había marcado el camino en los últimos dos años con fallos contra tribunales de Santa Fe y Tucumán. En todos, el denominador común son víctimas vulnerables —niños, niñas y adolescentes— que esperaron justicia durante años sin obtenerla.

En Santa Fe, una niña de 12 años denunció en 2009 un abuso sexual sufrido seis años antes. La causa estuvo 15 años sin actividad procesal. Cuando la Corte Suprema intervino, la víctima ya tenía casi 30 años. “La inacción de los órganos jurisdiccionales durante 15 años ha comprometido el desarrollo de la investigación penal y atentado gravemente contra el derecho de acceso a la justicia”, remarcó el máximo tribunal.

En Tucumán, en 2014, una mujer denunció que su expareja abusó de su hija de 16 años. El expediente peregrinó entre juzgados y, casi siete años después, se descubrió que el incidente “nunca fue creado conforme lo ordenado”. La víctima, ya adulta, seguía sin respuesta.

En ambos casos, la Corte Suprema ordenó dar trámite inmediato y pidió a los superiores tribunales provinciales que evalúen “la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan”.

Víctimas que el sistema abandonó

Lo que une a Catamarca, Santa Fe y Tucumán es la condición de las víctimas: adolescentes bajo custodia estatal que murieron en la Alcaidía, y niñas abusadas sexualmente. En todos, el Estado tenía una obligación reforzada de actuar con diligencia. Y en todos, esa obligación fue incumplida.

La CSJN lo expresó con claridad: “La desidia judicial agrava el daño que se le ha ocasionado a la víctima, generando en ella, además del sufrimiento por el hecho delictivo, el dolor producto de la sensación de indiferencia, impotencia e impunidad”. Esa frase describe el calvario de las familias de Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16), que esperaron más de 14 años.

El fallo también recordó que los funcionarios judiciales tienen el deber de dar “una respuesta jurisdiccional rápida, eficaz y útil” y evitar que el daño de la víctima se incremente por el contacto con el sistema de justicia.

Un antecedente que marca un antes y un después

La decisión de la Corte catamarqueña se inscribe en una jurisprudencia que la propia Corte Suprema está consolidando: la mora judicial no es neutra, tiene responsables, y esos responsables deben rendir cuentas. “Las acciones descriptas son una muestra del tipo de comportamientos de los integrantes de los órganos jurisdiccionales especialmente repudiado por el ordenamiento jurídico argentino”, concluyó la CSJN.