Jujuy marchó por la universidad: gremios estatales advierten que si no hay respuestas antes de diciembre, habrá conflicto

La Plaza Belgrano fue el punto de encuentro de una movilización que reunió a autoridades académicas, estudiantes, docentes, no-docentes, gremios y ciudadanos autoconvocados en defensa del presupuesto para la educación superior pública. La jornada, impulsada por docentes universitarios, tuvo un respaldo contundente en la capital jujeña.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Javier Martínez, puso el foco en la necesidad de que el financiamiento quede garantizado en la Ley de Presupuesto Nacional. Según planteó, la situación actual golpea el día a día de la casa de estudios.

"El reclamo universitario exige el cumplimiento efectivo de la ley. Es el momento oportuno para plantearlo porque se está tratando el presupuesto; de nada sirve que nos digan que sí si después no se incorpora la partida. Llegamos con un atraso muy grande en salarios docentes y becas en un contexto de inflación persistente", sostuvo Martínez.

El reclamo por obras y equipamiento

El decano también alertó por la desaparición de programas especiales que antes financiaban obras públicas y equipamiento científico. "Se han perdido los planes especiales ministeriales y solo nos queda el presupuesto base. Antes había partidas para obras, investigación y formación. Todo eso ha quedado reducido al mínimo o nulo, dejando proyectos e infraestructura inconclusa que debemos sostener con un presupuesto exiguo", advirtió.

Consultado sobre el rol de la universidad pública en el desarrollo provincial, Martínez subrayó el impacto social que tiene para miles de familias jujeñas. "La universidad pública es un gatillo de movilidad social que le permite a la ciudadanía avanzar y capacitarse. Jujuy es una universidad con muchísimos estudiantes que son primera generación universitaria en sus familias, y eso es un logro enorme. Si el sistema funciona mal, lo arreglemos, pero no lo perdamos", afirmó.

El respaldo de los gremios estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la CTA Autónoma se sumaron a la columna que recorrió el centro de la ciudad. Pero además llevaron su propia agenda: un diagnóstico crítico sobre la situación de los empleados públicos provinciales.

Mariela Tejerina, dirigente sindical del sector, cuestionó la pérdida de poder adquisitivo frente a los tarifazos y la inflación. "Tenemos incumplimientos por parte del Ministerio de Educación donde aún no logramos el pase a contrato de los capacitadores, que sigue siendo nuestra premisa. Hay precarizados que ganan 220 mil pesos, salarios que no alcanzan ni para una semana de comida para sus hijos. Si no hay respuestas antes de diciembre, vamos a iniciar conflictos", expresó.

Tejerina contrastó esa realidad con las partidas que se destinan a pautas publicitarias para grandes corporaciones mediáticas y reclamó una redistribución equitativa que priorice los salarios de los trabajadores de la salud, desarrollo humano y educación.