Un ingeniero jujeño llevó a la Justicia Federal una denuncia que estima un perjuicio de más de $6.600 millones y pone el foco en cómo se factura el FOPEJ. Lo que encontró en el camino fueron dictámenes cruzados y una causa que, según él, no avanza.
La distribuidora eléctrica EJESA quedó bajo la lupa por una denuncia que estima un perjuicio fiscal de más de $6.600 millones y que ya llegó a la Justicia Federal de Jujuy. La presentación la hizo el ingeniero Hugo Farfán, primero ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y después en el fuero federal, según publicó Ámbito en una nota de Julián Maradeo.
El denunciante sostiene que el supuesto esquema se movió entre mayo de 2024 y mayo de 2026, con la facturación del Sistema Aislado Provincial (SAP) y el cobro del Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ) como eje. La empresa está controlada desde 2025 por Edison Energía, del grupo de Juan y Patricio Neuss.
Los tres frentes que cuestiona la denuncia
El escrito describe tres modalidades que, sumadas, conforman el monto reclamado. La primera tiene que ver con los usuarios residenciales: según Farfán, la distribuidora cobró el componente del SAP como exento o no alcanzado por el IVA, sin aplicar el 21% que a su criterio correspondía. El perjuicio estimado por ese punto supera los $3.500 millones.
El segundo mecanismo apunta a comercios e industrias. La denuncia afirma que EJESA habría metido el IVA —con alícuotas del 21% o 27%— dentro del precio unitario de la energía, sin declararlo ni ingresarlo después al Estado. En este apartado la evasión estimada supera los $2.800 millones.
El tercer cuestionamiento involucra el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. De acuerdo con la presentación, se trasladaron a los usuarios importes calculados sobre volúmenes de gasoil que no se habrían adquirido ni usado para generar electricidad. El monto estimado en este punto supera los $220 millones.
Dictámenes cruzados y una causa que no avanza
Farfán también señaló que dos dependencias de ARCA emitieron dictámenes contrapuestos y cuestionó la falta de avances del organismo. Además, sostuvo que la causa está paralizada en la Justicia Federal.
Al expediente buscó sumarse el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC), que conduce el abogado Alejandro Mur, con un pedido para ser querellante. Mur contó que la organización presentó una medida cautelar para intentar frenar los cortes de luz a usuarios vulnerables, aunque la Cámara en lo Civil y Comercial la rechazó.
El abogado vinculó los cuestionamientos al cargo FOPEJ, que según afirmó se incrementó un 6.900% en los últimos cinco años.
El malestar que llega a la Legislatura
En paralelo, integrantes de Mujeres Municipales llevaron a la Legislatura provincial un petitorio con más de 11.000 firmas para pedir medidas frente al peso de las facturas de EJESA en la economía familiar. Entre los reclamos aparece la revisión del contrato de concesión de la distribuidora.
La controversia no se agota en lo impositivo. CODECUC presentó otra denuncia ante la Justicia provincial por la triangulación de contratos ligada a la generación de energía y a los costos que, según la entidad, terminan cayendo en las boletas. El planteo involucra a EJESA, la provincial JENSE e Industrias Juan F. Secco, y cuestiona entre otros puntos la instalación de paneles que no se habrían conectado a la red pese a que la provincia pagaría 106.000 dólares por mes.
El tema también desembarcó en la Legislatura: el bloque del PTS-Frente de Izquierda presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle el estado de los contratos con esa firma.
Sin respuestas y con la cautela del caso
Hasta el cierre de la publicación de Ámbito, ni EJESA ni la Secretaría de Energía de Jujuy habían respondido a las consultas del medio.
Los montos y mecanismos descriptos forman parte de una denuncia y de las estimaciones del denunciante: no constituyen una evasión comprobada judicialmente ni una condena contra la empresa. El caso vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de la distribuidora, el peso de los cargos en las facturas y los controles estatales sobre el servicio.
