Jujuy exporta litio a todo el mundo, pero el agua que se lleva nadie la cuenta

Mientras los anuncios oficiales celebran récords de exportación e inversiones en el triángulo del litio, una abogada ambientalista pone el foco en lo que, dice, nadie quiere mirar: el costo real que paga la Puna por cada tonelada de carbonato de litio que sale de sus salares.

En diálogo con Radio 2, Alicia Chalabe, abogada especialista en temas ambientales y representante de comunidades de Salinas Grandes, cuestionó la narrativa oficial y sostuvo que los índices macroeconómicos favorables contrastan con la realidad de los territorios y las familias de la región.

“Todas las noticias son muy estelares, de la cantidad de inversiones y exportaciones, pero de lo que no se habla es de los impactos sociales y ambientales sobre un recurso que se extrae del subsuelo y del agua”, advirtió.

El agua que no vuelve

Uno de los ejes más críticos que plantea la especialista es el uso masivo de agua en una zona declarada en emergencia o estrés hídrico. Según los datos técnicos que se discuten, producir una tonelada de carbonato de litio requiere aproximadamente dos millones de litros de agua, extraídos directamente del subsuelo de cuencas endorreicas: sistemas frágiles y finitos que se nutren a sí mismos y no cuentan con afluentes constantes.

Informes oficiales reconocen que la actividad en el Salar de Olaroz ya consume un porcentaje elevado del recurso hídrico disponible, y ese número podría escalar drásticamente si se duplica la producción con nuevos proyectos. A esa extracción intensiva se suma la evaporación en piletones mediante técnicas industriales, lo que amenaza la sustentabilidad del ecosistema de la Puna y pone en riesgo la subsistencia de la flora, la fauna y los animales de cría de los pobladores locales.

Regalías del 1,6% y controles flexibles

Otro punto cuestionado es el marco regulatorio e impositivo bajo el cual operan las empresas extractivas, heredado y sostenido desde gestiones anteriores. Chalabe remarcó que las regalías mineras que percibe la provincia alcanzan apenas el 1,6% del valor de la producción, mientras que los cánones por el uso industrial del agua resultan exiguos frente al valor estratégico del recurso.

Además, se denunció que en muchos proyectos de exploración las evaluaciones de impacto ambiental omiten estudios profundos sobre las cuencas de agua subterránea y superficial para facilitar su aprobación administrativa, delegando los controles en normativas provinciales flexibles que priorizan la inversión por sobre la preservación ambiental.

Comunidades originarias y falta de transparencia

Las comunidades indígenas que habitan ancestralmente la superficie de los salares siguen enfrentando un escenario de alta vulnerabilidad. La fragmentación en las negociaciones, la falta de información pública accesible y el incumplimiento de los procesos de consulta previa e informada generan crecientes tensiones territoriales.

Desde los sectores críticos concluyen que, a pesar de los anuncios de obras hídricas financiadas con fondos mineros, la infraestructura suele planificarse para garantizar la logística y el abastecimiento de las propias empresas extractivas. La paradoja, señalan, es la de una provincia rica en minerales exportables donde la pobreza y la escasez de agua siguen golpeando a las comunidades locales.