Juicio Escuelita: dos cadenas perpetuas, tres condenas y dos absoluciones en el fallo por lesa humanidad

El noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Río Negro terminó con un veredicto que dejó a todos en silencio: dos condenas a perpetua, tres penas menores y dos absoluciones. La sala, repleta, contuvo la respiración durante la lectura del fallo.

Durante cinco meses, el tribunal oral y público escuchó las pruebas contra los acusados por el secuestro, tortura y desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar. La sentencia se conoció este martes y fue seguida con atención por organismos de derechos humanos, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de la región y familiares de las víctimas.

¿Quiénes recibieron la pena máxima?

El juez Alejandro Cabral, presidente del tribunal, dio a conocer que los oficiales de Inteligencia del Ejército Jorge Di Pasquale y Sergio San Martín fueron condenados a prisión perpetua. Se los consideró responsables de los tormentos sufridos por más de 15 personas, su secuestro y la desaparición forzada de Leticia Veraldi y Juan Raúl Pichulmán.

El tribunal tuvo varias disidencias internas y varias definiciones se tomaron por mayoría de dos votos contra uno. Sin embargo, hubo unanimidad para unificar todas las condenas perpetuas anteriores en una sola para Di Pasquale y San Martín.

Las otras condenas

Los imputados de inteligencia del Ejército César Renes y Carlos Carreto recibieron penas de cuatro años de prisión efectiva. En tanto, el gendarme Emilio Sachitella fue sentenciado a cinco años de cárcel. Ninguno fue trasladado a un penal porque las condenas no están firmes y el tribunal no hizo lugar al pedido de detención inmediata de la fiscalía.

Las absoluciones

El tramo llevó el nombre de Miguel Angel Ferrari, un policía de Neuquén que resultó absuelto. El imputado, que siguió el juicio por videoconferencia, se mostró complacido al conocer que quedó libre de los cargos por su actuación en la comisaría de San Martín de los Andes.

La otra absolución fue para Miguel Cil, quien se quitó la vida en agosto, antes de que su defensor presentara el alegato. El tribunal consideró, por mayoría, que no estaba acreditada la certeza de su participación en los hechos imputados. El pronunciamiento se hizo en función del «derecho a la verdad», explicó el juez Cabral, ya que los delitos que pudo haber cometido estaban extinguidos con su fallecimiento.

El público se retiró en silencio, con la sensación de que la justicia, aunque tardía, avanzó un paso más en la búsqueda de verdad y memoria.