Juezas del TSJ desafían a la Caja de Previsión: exigen anular sus jubilaciones en 24 horas
Las juezas del TSJ de Santa Cruz intimaron a la Caja de Previsión a anular sus jubilaciones en 24 horas. ¿Qué argumentos esgrimen? Los detalles de una disputa que podría terminar en la Justicia.
Las vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández dieron un paso contundente este martes: intimaron a la Caja de Previsión Social (CPS) para que deje sin efecto las resoluciones que les otorgaron la jubilación ordinaria. El plazo es de apenas 24 horas.
El conflicto escaló después de que la CPS, el pasado 14 de agosto, aprobara una serie de beneficios jubilatorios en el marco del Decreto Provincial N° 608/2024, incluyendo a las tres magistradas, quienes aún siguen en funciones.
¿Qué argumentan las juezas?
Ludueña fue la primera en movilizarse: envió una carta documento a la CPS rechazando el acuerdo previsional y dejando en claro que la jubilación fue concedida contra su voluntad. Además, calificó la resolución como “inoponible, improcedente, ilegal e inconstitucional”, basándose en la garantía de inamovilidad que establece el artículo 128 de la Constitución Provincial.
“Caso contrario me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”, advirtió Ludueña en su presentación, que también fue replicada por Mercau y Fernández. Las tres reclaman que se retrotraigan las decisiones previsionales que las afectan.
El trasfondo: 27 jubilaciones y un decreto polémico
La medida fue firmada por el presidente de la Caja, Pablo Pérez, junto a los vocales Harold Bark y Paola Carrillo, en representación del Poder Ejecutivo. En total, el Decreto 608 alcanzó a 27 jubilaciones, ocho de ellas de integrantes del Poder Judicial, lo que generó una controversia institucional porque las tres juezas continúan desempeñándose como vocales del máximo tribunal provincial.
Con estas intimaciones, la disputa podría trasladarse ahora al ámbito judicial si la CPS no da marcha atrás. Las magistradas no solo rechazan el beneficio, sino que cuestionan su validez legal, abriendo un nuevo capítulo en la tensión entre el Poder Judicial y el organismo previsional.