Judiciales de Santa Cruz, sin paritarias desde hace más de un año: el dato del presupuesto que complica al TSJ
El gremio de Judiciales de Santa Cruz advierte que la falta de paritarias y los recortes presupuestarios golpean de lleno el funcionamiento de la Justicia. La diferencia entre lo que pide el Poder Judicial y lo que recibe del Ejecutivo es enorme, y el número que revelaron no es el que esperaban.
El gremio de Judiciales de Santa Cruz volvió a reclamar respuestas al Gobierno provincial y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la situación de los trabajadores del sector. A través de un comunicado, cuestionó la falta de avances en materia salarial, el incumplimiento de compromisos asumidos y puso en duda el alcance de los anuncios de fortalecimiento institucional realizados meses atrás.
Bajo el título "La institucionalidad no se declama, se demuestra", la organización recordó que el 30 de julio el Gobierno provincial y el Tribunal Superior de Justicia habían anunciado una agenda de fortalecimiento institucional. Sin embargo, sostuvo que, casi tres meses después, los trabajadores continúan sin obtener respuestas a sus reclamos.
Sin negociación salarial desde septiembre de 2025
Uno de los principales planteos apunta a la falta de negociación salarial. Según indicó el gremio, desde el 21 de septiembre de 2025 no se realiza una paritaria para el sector. Además, señaló que siguen pendientes compromisos asumidos, descuentos salariales que todavía no fueron resueltos y reclamos de representación gremial que, afirmaron, no encuentran una instancia de diálogo.
La brecha presupuestaria que denuncia el gremio
El comunicado también puso el foco en el presupuesto del Poder Judicial. De acuerdo con las cifras difundidas por la organización, para 2026 se solicitaron $231.768 millones para el funcionamiento integral del organismo, mientras que se recibieron aproximadamente $160.000 millones.
En cuanto a las previsiones para 2027, el gremio señaló que el Poder Judicial proyectó necesidades presupuestarias por $302.944 millones, frente a un techo de $195.277 millones comunicado por el Poder Ejecutivo.
Sobre este punto, aclaró que los recursos solicitados no están destinados exclusivamente al pago de salarios, sino que también comprenden infraestructura, equipamiento y el funcionamiento general del servicio de Justicia.
"¿De qué fortalecimiento institucional hablamos cuando ni siquiera están garantizados los recursos que el propio Poder Judicial considera necesarios para funcionar?", cuestionó la organización.
El reclamo por el respeto a las instituciones
Por último, Judiciales sostuvo que el respeto por las instituciones también implica exigir que sus autoridades cumplan los acuerdos, garanticen la carrera judicial, la transparencia y los derechos de los trabajadores.
"Una Justicia que no escucha a sus propios trabajadores tiene una deuda institucional que ningún anuncio puede ocultar", concluyó el comunicado.