¿Jubilaciones forzosas o una maniobra política? El duro cuestionamiento que sacude a la Justicia de Santa Cruz

Una decisión administrativa encendió la mecha en el Poder Judicial de Santa Cruz. La Caja de Previsión Social aprobó 27 jubilaciones en una reunión extraordinaria de Directorio, entre ellas las de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia, en medio de sospechas sobre una presunta intencionalidad política.

Los beneficiarios de esas jubilaciones son las juezas Reneé Fernández, Alicia Mercau y Paula Ludueña. La medida, que se conoció en exclusiva a través de La Opinión Austral, generó un fuerte rechazo en sectores del ámbito judicial y previsional.

¿Qué dice el vocal que cuestiona la decisión?

El vocal por los trabajadores activos, Cristian Sánchez, salió a hablar con este medio y no dejó dudas sobre su postura. Cuestionó duramente la aplicación del Decreto 608, la norma que habría habilitado estas jubilaciones, y advirtió que el impacto sobre el sistema previsional podría ser grave.

Según Sánchez, la medida no responde a criterios técnicos sino a una decisión política. "Estamos frente a un hecho que merece un análisis profundo", señaló el vocal, quien además anticipó que estudiará nuevas acciones judiciales para frenar lo que considera un avance arbitrario.

¿Qué es el Decreto 608 y por qué genera controversia?

El Decreto 608 es la herramienta legal que se utilizó para concretar estas jubilaciones. Pero su aplicación despertó suspicacias porque, según los cuestionamientos, permitiría apartar a funcionarios judiciales de manera encubierta.

La preocupación no es menor: si se confirma la intencionalidad política, se estaría ante un hecho de gravedad institucional que afecta la independencia del Poder Judicial en Santa Cruz.

El vocal también alertó sobre el efecto dominó que esto podría tener en el sistema previsional provincial. "No podemos permitir que se tomen decisiones de esta naturaleza sin un debate serio", enfatizó.

Hasta el momento, ni la Caja de Previsión Social ni las juezas involucradas han emitido declaraciones públicas. Sin embargo, la polémica está servida y promete escalar en los próximos días.

Mientras tanto, la decisión de Sánchez de impulsar nuevas acciones judiciales mantiene en vilo a todo el arco político y judicial de la provincia. ¿Se revertirán estas jubilaciones? ¿O la medida quedará firme y sentará un precedente peligroso?