Multas, horas de trabajo comunitario y un pedido de apoyo a la policía provincial: el proyecto que Javkin quiere votar esta semana ya tiene fecha de debate, pero un punto frenó todo en el Concejo.
El municipio de Rosario redobló la apuesta para terminar con los cuidacoches en la vía pública. El Ejecutivo que encabeza Pablo Javkin quiere que el Concejo apruebe cuanto antes la ordenanza que le permita aplicar en la ciudad la ley provincial, y para eso el oficialismo ya activó los mecanismos para destrabar la discusión.
La movida llega después de otro capítulo caliente: la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber y Didi. Ahora el foco está puesto en los denominados trapitos, un tema que genera fuertes cruces políticos y divide aguas en el recinto.
Qué dice el proyecto que quiere aprobar Rosario
La iniciativa propone modificar el Código de Convivencia para convertir a Rosario en el primer municipio santafesino que adhiera a la Ley Provincial Nº 14.486, aprobada en septiembre y promulgada a comienzos de octubre.
El texto contempla sanciones para quienes desarrollen la actividad de cuidacoches y mecanismos de intervención ante situaciones de violencia o extorsión. Pero también abre una puerta distinta: alternativas de inclusión social y reconversión laboral.
El miércoles clave y la presión del oficialismo
El primer debate se dio en la comisión de Obras Públicas, en la misma semana en que el Concejo aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte. Ahí apareció el primer contrapunto: mientras Unidos pretende avanzar rápido con la nueva normativa, los representantes del peronismo y La Libertad Avanza plantearon reparos y pidieron profundizar el tratamiento.
El próximo paso será este miércoles a las 11, con una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas, Gobierno y Control, y Convivencia y Seguridad Ciudadana. La convocatoria la impulsó el oficialismo, que busca destrabar la discusión y conseguir los dictámenes necesarios para llevar el proyecto al recinto este jueves.
La controversia por la reglamentación de la ley provincial
El nudo del conflicto pasa por la aplicación de la ley provincial. Desde la oposición argumentaron que no correspondía avanzar con la adhesión municipal porque la normativa todavía no había sido reglamentada.
El oficialismo rechaza esa lectura y sostiene que ya existe una resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe que establece los primeros procedimientos para hacer efectiva la prohibición.
El concejal de Unidos y presidente de la comisión de Gobierno, Fabrizio Fiatti, defendió la propuesta del Ejecutivo: "El Ejecutivo envió al Concejo una ordenanza que separa la extorsión mafiosa, que debe combatirse con intervención policial y leyes de seguridad, de las problemáticas netamente sociales o de consumo problemático, que deben abordarse desde el área social. Ahora tenemos que discutirlo con responsabilidad y avanzar lo antes posible para que Rosario pueda contar con reglas claras y una respuesta definitiva".
Según explicó el edil, la resolución del Ministerio exige que los municipios comuniquen si prohibieron la actividad de los cuidacoches. A partir de esa prohibición se establece el procedimiento para que, mediante acuerdos entre municipios y provincia, se habilite la intervención policial ante situaciones de extorsión o violencia.
Con esa interpretación, la aprobación de la ordenanza no debe esperar una reglamentación adicional: es un paso necesario para que Rosario avance en la coordinación operativa con las fuerzas provinciales.
"Durante mucho tiempo todos señalamos que hacía falta una ley provincial. Hoy la tenemos y, para lograr su aplicación efectiva en Rosario, es necesario complementarla con normas locales estableciendo las pautas de funcionamiento. Ahora que está la ley, que no se nieguen a debatir el tema", reclamó Fiatti.
Multas, tareas comunitarias y apoyo policial
El proyecto enviado por Javkin modifica el Código de Convivencia Municipal para incorporar expresamente la prohibición de la actividad de cuidacoches y fijar sanciones ante su incumplimiento.
Entre las medidas previstas aparecen multas económicas y horas de trabajo comunitario para quienes realicen tareas de cuidado de vehículos en la vía pública. Además, los agentes municipales podrán solicitar apoyo de la policía provincial para intervenir ante extorsiones, amenazas o hechos de violencia vinculados a esta actividad.
El esquema busca trazar una línea entre las conductas que requieren una respuesta de seguridad y aquellas situaciones ligadas a la vulnerabilidad social o los consumos problemáticos. Por eso el texto incorpora un apartado de abordaje social y reconversión laboral, con capacitación en oficios, vinculación con oportunidades de empleo y acceso a dispositivos de acompañamiento sanitario y social.
"Ser firmes frente a las conductas que perjudican la convivencia no significa desentenderse de las situaciones de vulnerabilidad. La respuesta tiene que contemplar las dos dimensiones: recuperar el orden en el espacio público y, al mismo tiempo, generar herramientas para que quienes lo necesiten puedan construir otras oportunidades", argumentó Fiatti.
El concejal remarcó que la actividad de los cuidacoches se convirtió hace tiempo en un problema que afecta la tranquilidad de quienes estacionan y el uso del espacio público. Para el oficialismo, la nueva legislación provincial y su adecuación municipal permitirán dejar de naturalizar situaciones en las que los automovilistas se sienten obligados a entregar dinero para estacionar en lugares públicos.
