Jalil quiere achicar el Estado y pasar empleados públicos a la minería. Dos diputados libertarios le contestaron con una pregunta incómoda: por qué no empieza recortando los cargos políticos de su propio gobierno.
Los diputados de La Libertad Avanza Federico Lencina y Matteo Manti salieron a responderle al gobernador Raúl Jalil por el proyecto que busca trasladar empleados públicos al sector privado. Los dos respaldaron la idea de achicar el Estado, pero le pusieron una condición: que el recorte arranque por la política.
La reacción llegó después de que el mandatario provincial anticipara que en unos 15 días estará listo el texto legal para incentivar el pase de trabajadores estatales a la actividad privada. La Provincia lo prepara junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), con Gustavo Grobocopatel entre los participantes. Cuando le preguntaron si su gestión apunta a reducir la planta estatal, Jalil contestó: “Obvio, estamos en ese plan”.
El reclamo que apunta a la estructura política
Lencina, presidente de LLA en la provincia, fue directo: “Si Jalil quiere reducir el empleo público, ¿por qué no empieza por reducir la cantidad de funcionarios y cargos políticos de su propio gobierno?”. El legislador aclaró que comparte la necesidad de un Estado más chico y eficiente, aunque propuso arrancar por “revisar la enorme estructura política que el oficialismo ha construido durante estos 15 años de gobierno”.
Manti siguió el mismo camino y lo hizo con ironía: “Ahora el gobernador quiere achicar el Estado y promover el empleo privado. ¡Bienvenido al debate, gobernador!”. Para el diputado, si el Ejecutivo pretende avanzar en serio, “hay que reducir los funcionarios y cargos políticos de su propio gobierno”. Su consigna fue: “¡Menos privilegios para la política, más oportunidades para los catamarqueños!”.
Empleo privado, minería y una pregunta al peronismo
Los dos libertarios coincidieron en el diagnóstico laboral. “Catamarca necesita más empresas, más inversiones y más trabajo privado genuino”, sostuvo Manti, que ubicó a la minería, el turismo y el desarrollo productivo como fuentes de oportunidades reales. Lencina, en tanto, planteó que la actividad minera y la llegada de nuevas firmas deben traducirse en puestos de trabajo, “principalmente para los catamarqueños”.
En los comunicados también hubo una pregunta para el peronismo local: qué opinan ahora “los defensores del famoso ‘Estado presente’” sobre los anuncios del Gobernador. “Algunos de su propio espacio ya salieron a cuestionarlo”, subrayó Manti. Lencina observó, por su lado, que dirigentes del PJ ya empezaron a tomar distancia.
Los antecedentes del plan y la caída del empleo privado
El mecanismo no es nuevo. En junio, Jalil había sugerido que la Provincia podría pagar la mitad del sueldo de los empleados públicos que decidieran sumarse a una empresa privada. A fines de agosto volvió a mencionar el envío de una ley a la Legislatura para facilitar esos traslados, sobre todo hacia la minería. Hasta ahora no se conocieron los beneficios ni las condiciones para acceder al régimen.
En sus últimas declaraciones, el mandatario reconoció una caída del empleo privado en la provincia. Según sus números, el sector tenía unos 26.000 trabajadores cuando asumió, llegó a casi 40.000 y hoy se ubica entre 35.000 y 37.000. Además, sostuvo que fomentar la contratación privada requiere cambiar una percepción extendida que vincula el trabajo con el ingreso a la administración pública.
Lencina sumó otro pedido: que el Gobernador explique “los índices y las designaciones realizadas durante sus mandatos”. “¿Cuántos dirigentes que no fueron electos terminaron ocupando cargos políticos? ¿Cuánto nos cuesta mantener esa estructura de ñoquis vip?”, disparó. Y antes de cerrar con la defensa de un Estado “más eficiente, transparente y que nos cueste menos”, dejó una hipótesis sobre por qué Jalil no avanza sobre su propio equipo: “¿O será que le debe una vela a cada santo y el PJ no se lo permite?”.
Saracho: “Pura demagogia de derecha”
Desde la izquierda también hubo respuesta. El dirigente Pedro Saracho (Partido Obrero) calificó de “pura demagogia de derecha” la propuesta de trasladar trabajadores estatales a las mineras y a otras empresas. A su juicio, la medida no resuelve la precarización laboral de miles de agentes públicos ni el problema de la desocupación.
Saracho admitió que, para becados y contratados, el pase puede resultar atractivo por los salarios más altos. Pero advirtió que las mineras “también se sostienen sobre la base de contratos precarios, de seis meses o un año”, con trabajadores que quedan “a merced de futuras renovaciones”.
“Además, no se crea ni un solo puesto de trabajo nuevo. Se trata simplemente de trasladar trabajadores que ya tienen empleo, mientras los desocupados siguen sin perspectivas laborales”, insistió.
Para el referente del Partido Obrero, la iniciativa forma parte de la orientación de ajuste que impulsan el presidente Javier Milei y los gobernadores que acompañan sus políticas, con retiros voluntarios, reducción del empleo público y beneficios para las grandes empresas. “Lejos de combatir la precarización, busca hacer pasar como una solución lo que en realidad es una adaptación a las exigencias del gran capital”, sentenció.
