Jaldo va a fondo con la ley de imputabilidad: "Los padres se lavaban las manos"

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que la Ley Penal Juvenil ya rige en Tucumán y anticipó que la provincia trabaja en leyes complementarias para adecuarla a su realidad. Lo hizo junto al vicegobernador Miguel Acevedo, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

La normativa nacional baja la edad de imputabilidad a 14 y 15 años. Según Jaldo, Tucumán reúne las condiciones para aplicarla y el Poder Ejecutivo analiza con los organismos judiciales qué aspectos necesitan ajustes locales.

El mandatario no esquivó el tema de los adultos. “En uno de esos delitos, al resarcimiento lo pagaron los padres del menor. Entonces, los padres van a empezar a tener una responsabilidad fundamental en los delitos que cometan sus hijos menores de edad, que hasta antes de la sanción de esta ley los padres se lavaban las manos”, afirmó.

Y completó: “Si bien el delito del menor era y es problema del Estado, porque es el que tiene que aplicar la justicia y las sanciones, también están involucrados los padres”.

"No podemos permitir que asesinen gente"

Jaldo fue duro al referirse a los hechos delictivos cometidos por adolescentes. “No podemos permitir que porque sean menores de edad desintegren familias, que no se recuperan más, y asesinen gente; que estos menores anden sueltos a la calle o estén con una prisión domiciliaria luego de haber quitado vida”, sostuvo.

“En Tucumán vamos a fondo con la ley de baja de imputabilidad. Seguramente hay que complementarla con determinadas cuestiones”, agregó.

El gobernador también se refirió a la aplicación concreta: “Hoy la ley está vigente. Seguramente, vamos a tener que sacar algunas leyes para complementar la normativa nacional y readecuarla a algunas situaciones particulares de nuestra provincia. Hay que analizar y consultar en qué medida el Poder Judicial la está aplicando, porque hubo algunos delitos causados por menores en estas últimas horas que tienen que ser sancionados con la ley nacional”.

El Instituto Cura Brochero, la carta bajo la manga

Jaldo destacó que la provincia ya cuenta con un espacio específico para alojar a los adolescentes que reciban condenas: el Instituto Cura Brochero, dentro del complejo penitenciario Benjamín Paz. Según el mandatario, tiene capacidad para 100 menores.

“Somos visionarios porque hemos creado el Instituto Cura Brochero, porque los menores no pueden ir a un servicio penitenciario, los menores tienen que ir a un instituto. Por eso, junto con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Social le hemos dado un espacio físico donde tenemos capacidad para albergar a 100 menores”, explicó.

El gobernador remarcó que estos espacios deberán incluir programas de educación y reinserción social. “Hay que tener un instituto específico para esa tarea, que es albergar a los menores que cumplen las condenas, y, por supuesto, también con programas de reinserción, de educación, de recuperación y todo lo que sea necesario”.

La Legislatura, en la mira

El vicegobernador Miguel Acevedo informó que ya hubo una reunión inédita en el Poder Judicial con legisladores, jueces, fiscales y representantes del Ejecutivo para analizar la adecuación de la norma en Tucumán.

“No es lo mismo una aplicación para los menores de la provincia de Buenos Aires que para un menor acá en Tucumán”, planteó Acevedo, y subrayó el rol del Ministerio de Desarrollo Social en la búsqueda de un instituto que procure la reinserción social.

Además, anticipó el objetivo de tratar la ley en la próxima sesión legislativa: “La idea es que en la próxima sesión, que se realice el 20 de septiembre, pueda contar con esa ley”.

Durante el anuncio, Jaldo estuvo acompañado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el jefe de Policía Joaquín Girvau; y el director del Archivo Histórico, Javier Critto.