Jaldo confirmó que la Ley Penal Juvenil ya rige en Tucumán y apuntó a un actor que nadie miraba

La ley ya rige, pero Jaldo avisó que Tucumán necesita normas propias para aplicarla. Y en el centro de su mensaje puso a un actor que hasta ahora no pagaba los platos rotos: los padres.

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Jaldo confirmó que la Ley Penal Juvenil ya rige en Tucumán y apuntó a un actor que nadie miraba
Jaldo confirmó que la Ley Penal Juvenil ya rige en Tucumán y apuntó a un actor que nadie miraba

El gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que la Ley Penal Juvenil ya está en vigencia en Tucumán y anticipó que la provincia deberá sancionar normas propias para complementar la legislación nacional y adaptarla a su realidad. Lo hizo acompañado por un amplio arco de funcionarios provinciales, entre ellos el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Federico Masso (Desarrollo Social), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público); la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación Federico Nazur; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales Raúl Albarracín; el jefe de Policía Joaquín Girvau; y el director del Archivo Histórico de la Provincia, Javier Critto.

Según explicó el mandatario, el Poder Ejecutivo trabaja junto a los organismos judiciales para definir qué aspectos de la implementación necesitan ajustes locales. “Hoy la ley está vigente. Seguramente, vamos a tener que sacar algunas leyes para complementar la normativa nacional y readecuarla a algunas situaciones particulares de nuestra provincia. Hay que analizar y consultar en qué medida el Poder Judicial la está aplicando, porque hubo algunos delitos causados por menores en estas últimas horas que tienen que ser sancionados con la ley nacional”, sostuvo Jaldo.

La responsabilidad que ahora alcanza a los padres

Uno de los puntos que más subrayó el gobernador fue el nuevo esquema de responsabilidades para los adultos a cargo de menores involucrados en delitos. “En uno de esos delitos, al resarcimiento lo pagaron los padres del menor. Entonces, los padres van a empezar a tener una responsabilidad fundamental en los delitos que cometan sus hijos menores de edad, que hasta antes de la sanción de esta ley los padres se lavaban las manos. Si bien el delito del menor era y es problema del Estado, porque es el que tiene que aplicar la justicia y las sanciones, también están involucrados los padres”, afirmó.

Jaldo remarcó que la aplicación de la normativa debe guardar relación con la gravedad de los hechos y con la protección de las víctimas y sus familias. “No podemos permitir que porque sean menores de edad desintegren familias, que no se recuperan más, y asesinen gente; que estos menores anden sueltos a la calle o estén con una prisión domiciliaria luego de haber quitado vida. En Tucumán vamos a fondo con la ley de baja de imputabilidad. Seguramente hay que complementarla con determinadas cuestiones”, agregó.

El Instituto Cura Brochero, la carta que juega la provincia

El gobernador vinculó la aplicación de la ley con la infraestructura disponible para alojar a adolescentes condenados. En ese marco destacó la creación del Instituto Cura Brochero, dentro del complejo penitenciario Benjamín Paz, como un espacio pensado para menores que no pueden ser alojados en unidades penitenciarias comunes.

“Somos visionarios porque hemos creado el Instituto Cura Brochero, porque los menores no pueden ir a un servicio penitenciario, los menores tienen que ir a un instituto. Por eso, junto con el Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Social le hemos dado un espacio físico donde tenemos capacidad para albergar a 100 menores”, detalló Jaldo.

El mandatario consideró que contar con establecimientos específicos es una condición para que las provincias puedan aplicar la legislación, y señaló que esos espacios deben incluir herramientas de educación y reinserción social. “Hay que tener un instituto específico para esa tarea, que es albergar a los menores que cumplen las condenas, y, por supuesto, también con programas de reinserción, de educación, de recuperación y todo lo que sea necesario”, expresó.

La Legislatura, con fecha a la vista

El vicegobernador Miguel Acevedo informó que ya hubo una instancia de trabajo conjunta entre representantes de los poderes del Estado y distintas áreas del Ejecutivo para analizar la adecuación de la ley en Tucumán. “Con relación al tratamiento de la ley, nosotros hicimos una reunión inédita en el Poder Judicial, donde nos reunimos legisladores, jueces y fiscales, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, para tener un panorama bien amplio de las cosas que nosotros debemos adecuar en la provincia”, contó.

Acevedo planteó que la normativa debe contemplar las particularidades de Tucumán y destacó el rol que tendrá Desarrollo Social. “No es lo mismo una aplicación para los menores de la provincia de Buenos Aires que para un menor acá en Tucumán. En ese sentido, y teniendo la visión que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de lograr un instituto que procure una reinserción en la sociedad, hemos trabajado ya”, afirmó.

Por último, el vicegobernador anticipó que el objetivo es avanzar con el tratamiento legislativo en septiembre: “La idea es que en la próxima sesión, que se realice el 20 de septiembre, pueda contar con esa ley”.

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