Ipross: los estatales ya pueden elegir otra obra social, pero hay una condición que nadie esperaba

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del Ipross, el proyecto que el gobernador Alberto Weretilneck impulsó para terminar con la afiliación obligatoria. Los agentes públicos activos y pasivos podrán elegir otra cobertura para sí y su grupo familiar primario, pero solo podrán derivar su aporte personal.

La votación no tuvo el respaldo de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro, que cuestionaron el mecanismo y reclamaron una auditoría previa sobre los números del Instituto.

Qué pasa con la plata de los aportes

El corazón de la reforma es el destino de los descuentos. El 100% del aporte personal —4% para los trabajadores activos y 5,5% para los pasivos— se transferirá a la entidad que el afiliado elija. Si esa cobertura exige una cuota superior a ese monto, la diferencia queda a cargo del trabajador.

La contribución patronal del 7%, en cambio, seguirá ingresando íntegramente al Ipross. El proyecto la asigna a planes oncológicos y especiales, prestaciones vinculadas con discapacidad y prótesis, y cobertura de farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.

La posibilidad de cambiar de cobertura no alcanzará a quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, ni a las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional, la derivación de aportes dependerá de la firma de un convenio con ese organismo.

La reforma prevé además que, si la entidad elegida deja de brindar cobertura por una causa ajena al afiliado, este se reincorpore automáticamente al Ipross y sin carencias. Los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones al concretarse el cambio.

El oficialismo defendió la reforma

Como miembro informante, Andrea Escudero (JSRN) rechazó que la iniciativa implique una privatización o un vaciamiento del Instituto. "El proyecto no obliga a nadie a irse del Ipross", remarcó, y explicó que el objetivo es terminar con la condición de "afiliados cautivos" que durante años cuestionaron numerosos empleados públicos. También reivindicó las mejoras que, según indicó, experimentó el Instituto: nuevos convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites, ampliación de prestaciones odontológicas, cobertura de prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos.

La legisladora sintetizó la reforma en tres objetivos: "libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores".

Lucas Pica (JSRN) desarrolló uno de los principales fundamentos jurídicos del oficialismo: sostuvo que el 4% personal integra el salario del trabajador, mientras que la contribución patronal del 7% tiene otra naturaleza jurídica y constituye una obligación directa del empleador destinada a financiar un sistema solidario. Para él, el sentido de la reforma se resume en una pregunta directa al afiliado: "¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?".

El cierre político quedó en manos del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien rechazó que el proyecto busque debilitar la obra social. "Lo que seguro no les voy a admitir jamás es que quieran comparar los beneficios, la calidad y el servicio del Ipross con ninguna obra social o con ninguna prepaga. No tienen nada que envidiarle", planteó. Durante su intervención usó vasos con agua para explicar el mecanismo financiero y aseguró: "No vamos a desfinanciar".

Las críticas de la oposición

Gabriela Picotti coincidió con el principio de libre elección, pero cuestionó las condiciones. "Libertad es libertad verdadera, sin restricciones", sostuvo, y puso el foco en que el trabajador solo podrá disponer de su 4% y deberá afrontar de su bolsillo cualquier diferencia. También mencionó demoras en prótesis, medicamentos y turnos, además del cobro de adicionales por parte de algunos profesionales.

Martina Lacour respaldó la libre elección pero objetó el mecanismo: cuestionó que el 7% patronal permanezca en el Ipross aunque el Instituto deje de brindar cobertura. "Liberamos a la persona, pero retenemos el financiamiento", resumió, y llegó a calificar el esquema como "prácticamente una estafa a los empleados".

Ayelén Sposito (Vamos con Todos) definió la reforma como "marketing libertario" y argumentó que no existe libertad efectiva cuando solo se permite derivar el 4%, un monto que difícilmente alcance para contratar una cobertura privada. "En vez de estar discutiendo que la gente se vaya del Ipross, tendríamos que estar discutiendo cómo mejoramos la obra social de los trabajadores del Estado", planteó.

Magdalena Odarda (Vamos con Todos) fue una de las más duras: "No queremos perder la obra social que le pertenece a los trabajadores y trabajadoras", expresó, y pidió postergar el tratamiento hasta contar con una auditoría sobre los números del Instituto. También cuestionó que durante casi tres años no haya funcionado la comisión legislativa de seguimiento del Ipross.

Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) calificó la iniciativa como un proyecto "para la tribuna libertaria" y cuestionó que los jubilados efectivamente puedan optar por PAMI. José Luis Berros (Vamos con Todos) comparó el escenario con los años 90 y con la experiencia de las AFJP.

Apoyos con reparos y la letra chica del regreso

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) acompañó y destacó que la salida no será irreversible: el afiliado podrá solicitar su regreso luego de los 36 meses establecidos. Lorena Matzen (UCR) citó una encuesta de Sitrajur entre 215 trabajadores judiciales: 57 optarían por una cobertura privada, 55 permanecerían en el Ipross y 85 condicionaron la decisión al costo y las prestaciones disponibles. "Escuchar a los trabajadores implica también actuar en consecuencia", afirmó.

Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) votó a favor pero advirtió sobre el riesgo de "selección adversa": que quienes tengan más incentivos para irse sean afiliados jóvenes, sanos y con mejores salarios, mientras permanezcan los que requieren mayores prestaciones. Propuso crear un Fondo de Estabilización Prestacional con garantía del Tesoro provincial.

Juan Martín (PRO-Unión Republicana) acompañó pero consideró que la propuesta debería haber avanzado más: "La libertad puesta de este modo termina siendo una puerta entreabierta", señaló.

El debate tuvo momentos de fuerte tensión con representantes gremiales de Unter ubicados en las bandejas de la Legislatura, en el marco del paro docente de 48 horas. El presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, reclamó silencio al público y a los legisladores para garantizar el respeto a quien estuviera haciendo uso de la palabra.