Inundaciones en el sur y este tucumano: la crisis que ahora llega a la mesa política

Los campos anegados y los caminos rurales destruidos por las recientes inundaciones en el sur y este de Tucumán trasladaron la emergencia del campo a la arena política. Con pérdidas productivas que golpean el motor económico de varias localidades, crece la presión para que el Gobierno provincial defina medidas concretas de asistencia.

La situación es crítica en zonas rurales de departamentos como La Madrid, Graneros, Alberdi, La Cocha y Leales. Allí, el temporal dejó secuelas que afectan directamente a la actividad agrícola y ganadera, base de la economía regional.

¿Qué herramientas legales existen para actuar?

Frente a este escenario, el legislador radical Agustín Romano Norri recordó que la provincia cuenta con marcos normativos ya aprobados. La Legislatura tucumana tiene leyes que permiten al Poder Ejecutivo declarar la emergencia o desastre agropecuario ante fenómenos climáticos extraordinarios que causen daños significativos.

“El Estado provincial tiene herramientas legales para actuar. Lo que necesitamos saber ahora es qué decisión va a tomar el Gobierno para ayudar a los productores y a las economías regionales afectadas por las inundaciones”, señaló el legislador, planteando públicamente la pregunta al gobernador Osvaldo Jaldo.

En Tucumán rige una ley que regula el régimen de emergencia agropecuaria. Este marco habilita al Gobierno a activar diversos mecanismos de asistencia cuando eventos climáticos provocan perjuicios importantes en la producción.

¿Qué tipo de ayuda se podría implementar?

La normativa prevé un abanico de medidas posibles para paliar la crisis. Entre ellas figuran la ayuda financiera directa, la asistencia técnica especializada, programas diseñados para la recuperación productiva y la ejecución urgente de obras de infraestructura hídrica y reparación de caminos rurales.

Para poner en marcha este esquema de apoyo, el Poder Ejecutivo debe dar un primer paso crucial: convocar a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria. Este organismo es el encargado de realizar un diagnóstico técnico detallado sobre el impacto real de los fenómenos climáticos y, en base a él, recomendar las medidas específicas a adoptar.

Romano Norri insistió en la necesidad de que el Ejecutivo active estos mecanismos de manera urgente. Su llamado apunta a que se convoque a los organismos técnicos correspondientes para que evalúen con celeridad el alcance total de los daños registrados en el campo tucumano.

El legislador fue más allá en sus declaraciones, ejemplificando el tipo de apoyo esperado: “Sería oportuno que el Gobierno otorgue ayudas para los damnificados por las inundaciones”. Además, cargó contra la gestión estatal, argumentando que “la gente perdió todo por negligencia del Estado que no hizo las obras necesarias para evitar las inundaciones”.

La pelota queda ahora en la cancha del Gobierno provincial. La pregunta sobre qué acciones concretas se tomarán para asistir a los productores y comunidades afectadas se instala como un tema ineludible en la agenda política tucumana, mientras los campos intentan recuperarse del agua.