La diputada Julieta Campo reclamó que el Gobierno nacional ejecute el Fondo de Infraestructura Hídrica y apuntó contra Zdero por su postura ante la Nación. El proyecto que presentó para el NEA incluye un fondo sanitario y alimentario, pero hay un punto que genera ruido en la oposición.
La diputada nacional por Chaco Julieta Campo presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, social, sanitaria, alimentaria y productiva en las zonas damnificadas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, mientras las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay complican a numerosas localidades del Nordeste. La legisladora fue más allá y reclamó que el Gobierno nacional ejecute los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica, al tiempo que cuestionó al gobernador chaqueño Leandro Zdero por considerar que debería tener una postura más firme ante la Nación.
El proyecto contempla declarar zona de desastre por 365 días a los departamentos, municipios y localidades ribereñas afectadas por las inundaciones registradas desde comienzos de octubre. La iniciativa busca instrumentar mecanismos extraordinarios de asistencia, garantizar fondos para atención sanitaria y alimentaria, y facilitar la recuperación de las actividades productivas golpeadas por el avance del agua.
El escenario es crítico: numerosas familias debieron abandonar sus viviendas o trasladar sus pertenencias ante la creciente. A las evacuaciones y autoevacuaciones se suman las dificultades para acceder a servicios esenciales, los problemas de transitabilidad y las pérdidas económicas que afectan a pequeños productores y trabajadores de las zonas inundadas.
«La inundación no pregunta de qué partido sos»
Desde la banca peronista señalaron que el objetivo es impulsar una respuesta que trascienda las diferencias políticas y permita atender las consecuencias de la emergencia climática.
«Nosotros formamos parte de la oposición, pero queremos construir respuestas para la gente que hoy está sufriendo las consecuencias del fenómeno climático El Niño. Porque llega la inundación y no pregunta de qué partido sos», expresaron.
En ese sentido, Campo dirigió sus cuestionamientos al gobernador chaqueño y reclamó una intervención más decidida ante las autoridades nacionales para obtener los recursos destinados a obras de infraestructura hídrica. «A mí lo que me preocupa es que Zdero esté siendo blandito con los porteños y duro con los chaqueños, porque en realidad él debería plantarse con el Gobierno nacional y exigirle que cumpla con el Fondo de Infraestructura Hídrica, que es lo que no está sucediendo», sostuvo.
La diputada agregó: «Necesitamos que lo haga porque él no es gobernador de La Libertad Avanza, él es gobernador de los chaqueños y tiene que responder para los chaqueños».
El planteo apunta a la necesidad de contar con financiamiento nacional para afrontar tanto las consecuencias inmediatas de las inundaciones como las intervenciones de infraestructura destinadas a reducir la vulnerabilidad de las localidades afectadas. Entre las obras contempladas figuran defensas costeras, terraplenes, estaciones de bombeo, sistemas de desagües, viviendas e infraestructura urbana y rural.
La propuesta establece que las áreas comprendidas en la emergencia deberán delimitarse mediante un trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y provinciales, tomando como referencia los informes de los organismos técnicos competentes. Hasta tanto se complete ese procedimiento, quedarán incluidas las localidades que registren personas evacuadas en los partes oficiales.
Un fondo específico para alimentos y salud
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Alimentaria y Sanitaria para la Emergencia Hídrica (FAASEH), un instrumento destinado a financiar la provisión de alimentos, agua potable, medicamentos, vacunas y atención médica para las poblaciones afectadas.
El fondo también contempla recursos para la prevención de enfermedades asociadas a las inundaciones, la atención materno-infantil, los servicios de salud mental, los traslados sanitarios y el funcionamiento de los centros de evacuación.
Según el texto difundido por la legisladora, el financiamiento provendría de créditos correspondientes a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, mediante un mecanismo que impediría reducir partidas destinadas a salud, educación, asistencia social y agua potable, así como las transferencias a provincias y municipios.
La distribución de los recursos sería automática y mensual, en proporción a la cantidad de personas damnificadas en cada jurisdicción. También se contemplan criterios objetivos para la asignación de Aportes del Tesoro Nacional vinculados con la emergencia.
En cuanto a la asistencia directa, el proyecto establece suplementos extraordinarios equivalentes a una prestación mensual durante tres meses para los titulares damnificados de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las prestaciones alimentarias nacionales.
Asimismo, propone suspender durante la emergencia los descuentos correspondientes a créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el propósito de aliviar la situación económica de los hogares afectados.
En materia tributaria, la iniciativa prevé prórrogas de vencimientos, planes especiales de pago sin intereses y la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales y medidas cautelares contra las personas comprendidas en la emergencia.
Para instrumentar estos beneficios, se propone crear un Registro Único de Damnificados, cuyo certificado permitirá acreditar la condición de afectado por las inundaciones, sin perjuicio de los requisitos particulares establecidos para cada prestación.
Emergencia agropecuaria y servicios esenciales
La situación de los productores agropecuarios también ocupa un lugar central en la iniciativa, especialmente ante las dificultades que generan los anegamientos de campos, caminos rurales y establecimientos ganaderos.
El proyecto contempla declarar la emergencia o el desastre agropecuario en las explotaciones comprendidas y establecer un régimen simplificado y gratuito para el traslado de ganado desde las zonas inundadas hacia lugares seguros.
La medida busca facilitar la evacuación de animales y reducir las pérdidas productivas, en un escenario en el que el avance del agua obliga a numerosos establecimientos a reorganizar sus actividades y trasladar hacienda.
En paralelo, se propone priorizar las obras necesarias para recuperar las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de las localidades afectadas, incluyendo intervenciones en defensas costeras, terraplenes, estaciones de bombeo, desagües e infraestructura vial, urbana y rural.
Otro de los aspectos contemplados es la continuidad de los servicios esenciales. El proyecto invita a las provincias a adherir a la ley y disponer, dentro de sus respectivas competencias, la suspensión de la facturación y la prohibición de cortes de electricidad y agua potable en las zonas alcanzadas por la emergencia.
Finalmente, la iniciativa establece mecanismos de seguimiento y control sobre los recursos destinados a la asistencia. Para ello, dispone la publicación trimestral de los fondos asignados y ejecutados, además de la presentación de informes al Congreso de la Nación cada 90 días sobre la evolución de la emergencia y las medidas implementadas.
