Intimado por la Justicia, el Gobierno redobla la apuesta y las universidades paran 72 horas

El Gobierno nacional presentó un recurso ante el juez federal Martín Cormick para evitar las multas por incumplimiento de la cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Lo hizo justo cuando vencía el plazo de cinco días que el magistrado le había dado para cumplir con la medida, y en medio de un paro nacional de 72 horas que arrancó este miércoles en todas las universidades públicas.

La Casa Rosada sostiene que ya cumplió con las obligaciones establecidas y pide que se deje sin efecto el apercibimiento de astreintes, las sanciones económicas por cada día de demora que había advertido Cormick. Según la presentación ante el juzgado, las recomposiciones salariales, las negociaciones paritarias y las actualizaciones de algunos programas de becas alcanzarían para dar por cumplida la cautelar. También cuestionó que la resolución judicial no haya precisado qué parte concreta de la medida sigue pendiente.

El planteo fue presentado como recurso de revocatoria ante el propio Cormick, con apelación en subsidio para el caso de que el juez mantenga la intimación. El expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo que el próximo movimiento procesal queda en manos del magistrado.

Qué dice la intimación

Cormick, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había vuelto a intimar al Estado Nacional el 22 de septiembre. En su resolución sostuvo que "no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme" y ordenó dar "efectivo cumplimiento" en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes.

La discusión judicial se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos para recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. La cautelar que ordenó avanzar con esas disposiciones fue dictada en diciembre de 2025, confirmada después por la Cámara de Apelaciones y quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó en junio el recurso extraordinario del Estado.

La brecha que mantiene el conflicto

Los gremios sostienen que el aumento aplicado por el Gobierno está lejos de lo que debería percibir el personal universitario para recuperar el poder adquisitivo perdido. En la última paritaria, el Ejecutivo mantuvo una propuesta de incremento del 3% para los salarios de septiembre, mientras las organizaciones sindicales reclaman una recomposición acumulada del 33,4%.

En junio, el Gobierno había acordado con parte de los representantes universitarios una recomposición de la masa salarial y otras medidas para el sector. Los gremios plantearon después que esos incrementos no alcanzaban para cumplir con lo dispuesto por la cautelar, mientras el Ejecutivo usa esos acuerdos como parte de la documentación para demostrar que avanzó.

La controversia también alcanza a las becas. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, había señalado ante El Destape que el Gobierno informó al juez que estaba cumpliendo, aunque desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostenían que ese cumplimiento no era efectivo en todos sus puntos. En particular, indicó que las becas Manuel Belgrano tuvieron una actualización parcial, mientras que las Progresar permanecen sin actualización desde septiembre de 2024.

El paro y las voces gremiales

El paro de 72 horas fue convocado por CONADU y CONADU Histórica y se extiende desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre. Los reclamos principales son el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la aplicación de la cautelar. La huelga arrancó justo cuando vencía el plazo fijado por Cormick, después de que no prosperaran las negociaciones salariales.

Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), cuestionó la decisión del Ejecutivo de recurrir otra vez a la Justicia. "En el día de ayer el Gobierno Nacional nos mostró a la sociedad argentina que las instancias de apelación judicial parecen ser infinitas cuando uno tiene poder", dijo a este medio.

El dirigente agregó que "el gobierno de Javier Milei no tiene un conflicto con las universidades, con sus docentes, con sus no docentes, con los y las estudiantes. El gobierno de Javier Milei tiene un conflicto con la democracia en la Argentina".

Cagnacci también cuestionó que el Poder Ejecutivo recurra la intimación cuando, según su interpretación, existe una obligación vigente de cumplir con la legislación y con las decisiones judiciales. "Tomó la decisión política de no cumplir con una ley sancionada y ratificada por el poder legislativo, que es la ley de financiamiento universitario", afirmó, y añadió que el Gobierno "tomó la decisión política de no acatar fallos judiciales y ahora lo muestra nuevamente apelando una nueva instancia".

"Esperamos la sociedad argentina en su conjunto y la comunidad universitaria en particular que esta vez el Poder Judicial le haga saber al Gobierno Nacional lo que todos sabemos. Hay que cumplir con la ley", sostuvo.