Interceptaron a tres mujeres con algo oculto en su cuerpo y la Justicia tomó una decisión que sorprendió a todos

Una resolución judicial liberó a tres mujeres bolivianas que transportaban casi dos kilos de cocaína en cápsulas ingeridas, tras determinar que actuaron bajo amenazas y extrema vulnerabilidad. El fallo, firmado el 18 de marzo por el juez federal Guillermo Díaz Martínez en el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, aplicó figuras legales que eximen de responsabilidad penal, generando un debate sobre el tratamiento de los eslabones más débiles del narcotráfico.

El caso comenzó el 26 de febrero, cuando efectivos del Escuadrón 55 de Gendarmería Nacional detuvieron un colectivo de la empresa Andesmar en la Ruta 9, en Trancas, Tucumán. Las tres pasajeras, que viajaban juntas, llamaron la atención durante el control rutinario.

Tras ser llevadas a un hospital local, una radiografía mostró cuerpos extraños en el abdomen de una de ellas. Fue entonces cuando las otras dos confesaron espontáneamente lo que llevaban consigo. Entre las tres, expulsaron 166 cápsulas que contenían 1,998 gramos de cocaína, casi dos kilos del estupefaciente.

¿Por qué la Justicia las liberó?

La decisión del juez Díaz Martínez se basó en tres pilares fundamentales. En primer lugar, aplicó el estado de necesidad disculpante del artículo 34 del Código Penal, que excusa el delito cuando se actúa para evitar un mal mayor.

También consideró la cláusula de no punibilidad de la Ley Nacional 26.364 de Trata de Personas, junto con estándares internacionales de protección a la mujer establecidos por la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. El Ministerio Público Fiscal había solicitado previamente el sobreseimiento, lo que reforzó la resolución.

El fallo reconoció la materialidad del hecho –las mujeres transportaban la droga–, pero destacó que atribuirles responsabilidad penal era injusto. Según el magistrado, exigirles otra conducta “superaba los márgenes de razonabilidad”, dada su situación de extrema vulnerabilidad.

Historias de vida que conmovieron al tribunal

Las tres imputadas, descritas como “el sector más vulnerable dentro de la cadena narcocriminal”, compartieron relatos desgarradores. Una de ellas, de 21 años, es viuda, tiene un hijo de seis años, cinco hermanas menores a su cargo y un padre internado por dengue.

Declaró que fue contactada por una mujer llamada “Gladys” mientras vendía choclo y mandioca en un mercado. Le ofrecieron 200 dólares por traer “mercadería” desde Argentina. Solo al llegar a una vivienda con rejas y dos hombres en la puerta entendió de qué se trataba. Al intentar negarse, la amenazaron con dañar a su hija en la escuela.

Otra mujer, de 32 años, trabajaba como ayudante de cocina con un salario de 1.200 bolivianos mensuales. Fue captada en un momento crítico: su hijo de 11 años había sufrido un accidente y su padre padecía cáncer de próstata. La tercera, de 24 años, madre soltera que vendía ropa por internet ganando unos 30 bolivianos diarios, necesitaba dinero para la cirugía de su hijo de cuatro años y para comprarle el uniforme escolar.

Las tres coincidieron en los detalles del operativo: les dieron pastillas para evitar vómitos, las amenazaron dirigiendo las advertencias a sus hijos, y les ordenaron borrar todo rastro del celular antes de cruzar la frontera por un paso no habilitado, evadiendo controles migratorios.

Consecuencias y próximos pasos

La sentencia no solo decretó la libertad de las tres mujeres, sino que también ordenó abrir un expediente separado para investigar a la captadora identificada como “Gladys”. Además, se fijó para el 22 de abril la destrucción de la droga incautada.

En sus fundamentos, el fallo analizó el fenómeno de las “mulas”, personas que transportan droga dentro de su cuerpo. Remarcó que suelen ser mujeres pobres, extranjeras y jefas de hogar, ocupando el eslabón más débil y visible de las organizaciones narcocriminales, siendo las primeras en quedar expuestas al sistema penal.

Esta resolución sienta un precedente en el tratamiento judicial de casos similares, poniendo el foco en las condiciones de coacción y vulnerabilidad que llevan a individuos a cometer delitos, más que en la mera materialidad del hecho.