Inmobiliarias de Santa Cruz frenan un proyecto clave: piden que se suspenda y hay 7 pedidos

La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) pidió formalmente a la Cámara de Diputados que suspenda el tratamiento del proyecto que crea el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos. La entidad, que dice representar a cerca del 90% de las oficinas del rubro en la provincia, reclama una instancia de diálogo antes de que avance la iniciativa.

El proyecto, identificado como N.º 367/2024, no tendría el consenso de todo el sector, según la ACIS. La asociación aseguró que participó de reuniones previas donde presentó observaciones, pero que nunca existió un acuerdo institucional que permitiera presentarlo como consensuado por la actividad inmobiliaria en su conjunto.

Además, cuestionó que la Asociación Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz, impulsora de la iniciativa, no tenga la representatividad necesaria para tomar decisiones que afecten a todas las inmobiliarias de la provincia.

Los planteos jurídicos

La ACIS advirtió que establecer una colegiación obligatoria y condicionar el ejercicio a una titulación específica podría vulnerar derechos contemplados en el artículo 14 de la Constitución Nacional y el principio de razonabilidad del artículo 28.

También señaló que imponer nuevas exigencias a locales que ya están legalmente constituidos podría desconocer derechos adquiridos y afectar el principio de irretroactividad de la normativa.

Preocupación por las pymes del interior

La entidad manifestó su preocupación por el impacto económico que tendría la aprobación del proyecto en sus términos actuales. Según la ACIS, la matriculación obligatoria, los requisitos de titulación, los aranceles y las nuevas cargas administrativas podrían golpear especialmente a pequeñas y medianas empresas y emprendimientos familiares del interior provincial.

Santa Cruz tiene realidades sociales y territoriales diferentes, y aplicar requisitos uniformes podría complicar a los comercios de menor escala. De avanzar sin contemplar esas diferencias, advirtió, podrían producirse cierres de establecimientos, pérdida de puestos de trabajo y una mayor concentración de la oferta inmobiliaria en las principales ciudades.

La propuesta de la ACIS

Frente a este panorama, la asociación elaboró un proyecto propio basado en su experiencia operativa y territorial, con el objetivo de integrar a las inmobiliarias de toda la provincia. Acompaña la capacitación permanente, la transparencia del mercado y el resguardo de los consumidores, pero considera que la jerarquización de la actividad no debe lograrse mediante restricciones que excluyan a quienes no poseen una determinada titulación.

Para la ACIS, cualquier regulación debe surgir de un proceso legislativo plural, con participación de los distintos sectores y con reconocimiento de las particularidades de cada localidad.

Los siete pedidos a la Legislatura

La asociación le solicitará a la Cámara de Diputados: suspender el tratamiento del proyecto en las comisiones asesoras hasta que se desarrollen instancias de diálogo; convocar a una mesa de trabajo formal, pública y participativa; excluir expresamente la actividad comercial inmobiliaria del proyecto y limitarlo al ejercicio profesional de martilleros y corredores públicos; garantizar los derechos adquiridos de las inmobiliarias actualmente establecidas; incorporar al expediente la postura y propuesta alternativa de la ACIS; otorgar a sus representantes un espacio para exponer ante la Comisión de Legislación General y los bloques parlamentarios; y crear por ley dos colegios profesionales separados: uno de Martilleros y Corredores Públicos, sin injerencia sobre la actividad inmobiliaria, y otro de Corredores Inmobiliarios.

Sobre este último punto, la ACIS señaló que existen 14 jurisdicciones del país donde los colegios profesionales están separados, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

La entidad insistió en que una normativa que alcance a todo un sector comercial debe contar con la participación de las entidades que representan a sus integrantes. En caso de que el proyecto sea sancionado sin contemplar sus planteos, dejó planteada la posibilidad de recurrir a las vías institucionales y judiciales para cuestionar la constitucionalidad de la norma.