Indagan a un abogado por ofrecer gestiones judiciales: lo que hallaron en su celular dejó perplejos a los investigadores

La causa federal que investiga un presunto tráfico de influencias en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán entra en una etapa decisiva con la indagatoria de Luis Alejandro Ontiveros. El abogado está acusado de ofrecer gestiones judiciales a cambio de dinero, y la fiscalía incorporó nuevas evidencias consideradas de fuerte valor probatorio, incluyendo datos extraídos de su teléfono celular.

Ontiveros enfrenta cargos por haberse ofrecido en al menos tres oportunidades, entre marzo de 2023 y abril de 2025, para influir sobre integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El objetivo era beneficiar la situación procesal de Jerónimo Martínez Parada, imputado en una causa federal tramitada en Catamarca.

¿Qué revelaron las pruebas del celular?

El contenido del celular de Ontiveros fue obtenido mediante una extracción forense realizada con tecnología UFED por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. Luego, fue analizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP). El informe señala la existencia de miles de anotaciones personales en la aplicación “Notas”, varias con contenido funcional, procesal y estratégico.

Entre los registros aparece una nota fechada el 4 de febrero de 2022 con la leyenda “Clave Compu papá cámara”. Para la fiscalía, ese apunte sugiere conocimiento o resguardo de credenciales de acceso vinculadas al camarista Mario Rodolfo Leal, a quien Ontiveros solía referirse como una figura paternal. Aunque no se afirma que la clave haya sido utilizada, se considera un indicio relevante sobre una familiaridad impropia con ámbitos reservados.

¿Cómo se planificaban movimientos dentro de la Cámara?

Otra anotación, creada el 17 de octubre de 2022, contenía un listado de vacantes interinas y contratos dentro de la Cámara Federal de Tucumán y del fuero federal local. Según el dictamen, esa información estaba orientada a “programar el ascenso” de Solana Casella, esposa de Ontiveros, quien se desempeña como relatora exclusiva de la vocalía de Leal e integra una terna para cubrir un juzgado federal en Tucumán.

Para los investigadores, ello demostraría conocimiento interno de la estructura administrativa y capacidad de planificar movimientos funcionales. También se hallaron notas fechadas en diciembre de 2022 referidas a causas penales federales de Catamarca, con datos sobre intervinientes, menciones al entonces fiscal Rafael Vehils Ruiz —actual fiscal general ante la Cámara— y posibles estrategias defensivas para imputados.

¿Qué conexiones se encontraron con causas sensibles?

Una anotación considerada clave fue creada el 11 de abril de 2024 y contenía el nombre de Jerónimo Martínez Parada. Para el Ministerio Público, ese registro evidencia que Ontiveros conocía la situación procesal del hijo del denunciante mucho antes de las reuniones mantenidas en 2025.

A ello se suma una imagen detectada durante el peritaje del teléfono: una captura de pantalla de la resolución de auto de mérito dictada el 10 de marzo de 2023 por el Juzgado Federal de Catamarca, donde figuraba imputado Martínez Parada. Los metadatos revelaron que la imagen fue creada el 18 de noviembre de 2024 y abierta por última vez el 26 de noviembre de ese año.

En la parte superior de la captura aparecía la inscripción “Zimbra:: Inbox (977)”, identificada por la fiscalía como la casilla oficial de correo del Poder Judicial de la Nación. Para los investigadores, ese detalle permite inferir que la captura no provino de un dispositivo personal común, sino que habría requerido acceso a una computadora oficial del sistema judicial y la intervención de un tercero con credenciales habilitadas.

¿Qué dicen las acusaciones y la defensa?

El fiscal Agustín Chit sostiene que las notas no pueden ser tomadas como simples apuntes personales, sino como evidencias de acceso a información interna, interés planificado en causas federales concretas, conocimiento anticipado de expedientes sensibles y capacidad para organizar datos judiciales. Estas habrían servido para sostener los ofrecimientos investigados.

De acuerdo con la pesquisa, el abogado habría mantenido reuniones con Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, padre del acusado, a quien le habría solicitado primero 100.000 dólares y luego 80.000 dólares a cambio de una supuesta solución judicial. Para dar credibilidad a esos ofrecimientos, Ontiveros invocaba una relación de extrema cercanía con el camarista Leal.

Ontiveros será indagado esta semana por el juez José Manuel Díaz Vélez y podrá declarar, abstenerse o ampliar por escrito su descargo. Ya rechazó las acusaciones y denunció una supuesta maniobra destinada a perjudicar la carrera judicial de Casella. Concluida esa audiencia, el juez deberá resolver si dicta el procesamiento del abogado o adopta otra decisión procesal en una causa que mantiene en máxima expectativa al fuero federal tucumano.