Imputado por trata en Cerrillos: el dueño de Cerdo Negro tomó una decisión que nadie esperaba

La causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que involucra a José Antonio “Kiko” Fernández, dueño de la finca La Montanera y del restaurante Cerdo Negro en Cerrillos, sigue su curso con un plazo de investigación de seis meses. A casi un mes de la imputación formal, la novedad no pasó por los fiscales sino por el propio empresario: cambió de abogados defensores y ahora su estrategia legal quedó en manos de un estudio liderado por un exjuez federal que también pasó por la Corte de Justicia de Salta.

La imputación fue formalizada el 2 de septiembre por el fiscal general Eduardo Villalva y la fiscal subrogante Paula Gallo. Fernández está acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación, según los artículos 145 bis y ter del Código Penal. El caso nació de una denuncia anónima.

Qué encontró la fiscalía en la finca

Durante la audiencia, los fiscales describieron las condiciones en que vivían algunos de los 20 trabajadores: habitaciones con piso de tierra, camas armadas con palets, baños de letrina y agua calentada en tachos para asearse. También exhibieron fotografías del predio.

En cuanto a los pagos, señalaron que las remuneraciones no superaban, en general, los $500 mil. La carga horaria era excesiva y, según la acusación, no se abonaban horas extras, feriados ni domingos. Tampoco había cobertura cuando los empleados enfermaban o se accidentaban.

Los fiscales mencionaron el caso de un trabajador que sufrió un accidente laboral y no fue asistido por el imputado: un familiar tuvo que trasladarlo. Por la lesión en una pierna no recibió compensación ni se le pagaron los días que no pudo trabajar. También sostuvieron que el empresario disponía “de manera discrecional” de los trabajadores.

Otro punto que expusieron fue el mecanismo de registración: los empleados figuraban como personal para cosecha de tabaco, pero luego eran derivados a otras tareas, en especial a la cría de cerdo negro, la especialidad del local gastronómico. Para la fiscalía se trata de una maniobra común e ilegal, ya que permite pagar una carga salarial menor y después destinar a los trabajadores a la cosecha de aceituna o a la producción porcina. También describieron la situación de adultos mayores explotados con tareas excesivas y pagos exiguos, al punto de que uno de ellos debía asistir a un comedor de Cáritas porque no le alcanzaba para comer.

La defensa, los recursos y el cambio de rumbo

Fernández se mostró furioso por la imputación y se consideró víctima. Dijo que todo esto lo perjudicaba, que su restaurante había alcanzado un reconocimiento del Congreso de la Nación y que grandes personalidades habían visitado su finca, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”, afirmó. Sobre la precarización laboral, sostuvo que se trataba de una conducta propia de los empleados, porque los baños con letrina no estaban habilitados pero ellos igual los usaban.

Sus entonces abogados defendieron la postura con vehemencia: calificaron las acusaciones como infundadas y plantearon varios recursos, incluso de inconstitucionalidad. En la audiencia hubo un momento llamativo cuando uno de los defensores no recordaba el artículo por el que se quejaba, lo que generó algunas risas.

La fiscalía, al rebatir, le informó al juez que la defensa conocía la investigación desde hacía seis meses y no había presentado ninguna prueba, como fotografías de las casas que el propio Fernández, al declarar, dijo que tenían hasta aire acondicionado. También rechazó que no hubiera sido notificada: todas las actuaciones estaban registradas en el legajo y, bajo el nuevo sistema acusatorio, la fiscalía no está obligada a notificar a la defensa, que debe generar sus propias pruebas. Al parecer, no lo hizo en todo ese tiempo.

Ese contrapunto no solo debilitó los argumentos defensivos: a las pocas semanas de la imputación formalizada, el empresario cambió de abogados y ahora es asesorado por el estudio de un exjuez federal con paso por la Corte de Justicia de Salta.