Guaraz ya cumplía prisión por abuso sexual y ahora el juez le sumó una pena: la cifra que deberá pagar
La Fiscalía pedía un año y ocho meses, la querella reclamaba cuatro años y la inhabilitación perpetua. El juez resolvió otra cosa y Guaraz, que ya cumple prisión por abuso sexual, deberá afrontar además una cifra millonaria.
El exintendente de Bañado de Ovanta Elpidio Guaraz volvió a ser condenado en Catamarca. El juez Diego Chayle Costilla, al frente del Juzgado Correccional N.º 1, lo halló responsable de abuso de autoridad y le impuso una pena de un año y tres meses de prisión, según la resolución conocida este martes.
La sentencia no se limita a la sanción penal: el magistrado también hizo lugar a la demanda civil y fijó una reparación de 6 millones de pesos a cargo del exjefe comunal, un monto que se agrega a la condena de esta misma causa.
Una condena que se apila sobre otra
El fallo se incorpora a los antecedentes judiciales de Guaraz, que en la actualidad está cumpliendo una pena de prisión por abuso sexual. De este modo, el exintendente acumula una nueva sentencia en su contra, en este caso por el delito de abuso de autoridad.
Cómo se llegó al veredicto
Durante el debate oral pasaron por la sala la fiscal Cintia Romero, la abogada Natalia Páez en representación de la querella y Jorge Bracamonte, a cargo de la defensa. Los alegatos mostraron posiciones encontradas respecto de cómo debía calificarse el hecho y qué sanción correspondía aplicar.
La Fiscalía había pedido un año y ocho meses de prisión por abuso de autoridad. La querella, en cambio, reclamó cuatro años de prisión por abuso sexual y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La defensa, por su parte, insistió con la absolución del exintendente.
Finalmente, el juez Chayle Costilla resolvió condenarlo por abuso de autoridad a un año y tres meses de prisión, una pena menor a la que había solicitado el Ministerio Público Fiscal.
Pena y reparación económica
El fallo del Juzgado Correccional N.º 1 contempló además la demanda civil y determinó el pago de 6 millones de pesos. Así, la resolución combinó la sanción penal con la reparación económica correspondiente a este proceso.
