Guaraz volvió a sentarse ante un juez, pero su defensa movió una carta que frenó todo

El exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, volvió este jueves a los tribunales para enfrentar un nuevo juicio, esta vez por presunto abuso de autoridad. La audiencia arrancó, pero duró poco: el Juzgado Correccional Nº 1 ordenó un cuarto intermedio y el debate seguirá el lunes.

Guaraz no llega libre a esta instancia. Purga una condena por abuso sexual en el penal de Miraflores y ahora debe responder como presunto autor del delito de abuso de autoridad.

El planteo que trabó la audiencia

La pausa no fue una decisión antojadiza del tribunal. La nueva defensa del exjefe comunal, integrada por Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros, presentó un pedido de nulidad absoluta que obligó a revisar el trámite antes de seguir.

Los abogados reemplazaron a Luciano Rojas, y con esa conformación nueva llegaron al juzgado con un escrito de 21 páginas. Allí solicitaron anular una serie de elementos: la pericia informática, el acta de visualización, el decreto de determinación del hecho y el requerimiento de elevación a juicio.

Frente al planteo, la querella y el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron tiempo para responder. El juez Marcelo Forner hizo lugar y fijó el cuarto intermedio hasta el lunes, jornada en la que las partes expondrán sus argumentos y el magistrado definirá si hace lugar a la nulidad.

Los cuestionamientos a la investigación

El escrito de la defensa apunta directo al trabajo del MPF. La causa estuvo primero en manos de la fiscal penal Antonella Kranevitter y después pasó a Facundo Barros Jorrat, especializado en Delitos contra la Administración Pública.

Los abogados pusieron bajo la lupa la pericia informática realizada al celular de la denunciante, el informe técnico, el DVD donde se grabó la información, el acta de visualización del teléfono, el decreto de determinación del hecho y la imputación, además del requerimiento fiscal de elevación a juicio. Para la defensa, todas esas pruebas fueron “producidas a espaldas del denunciado”.

El planteo sostiene que entre junio de 2021, cuando se hizo la denuncia por el supuesto abuso de autoridad, y diciembre de ese mismo año, el MPF nunca notificó formalmente a Guaraz ni le dio intervención en el expediente. En esa línea, remarcaron que el celular peritado “nunca estuvo bajo custodia judicial y fue devuelto a la denunciante” después de cada actuación.

También apuntaron a una inconsistencia en las notificaciones: según los letrados, sobre “la pericia informática se notificó un acto que no se hizo, y no se notificó el que se hizo”. Y agregaron que el dispositivo nunca fue secuestrado ni preservado.

El pedido alternativo

Por si el juez rechaza la nulidad, la defensa dejó preparado un segundo pedido. Solicitó que, en ese escenario, se excluyan del debate la pericia y el acta “por haber sido obtenidos sin control de la defensa y sin garantías de integridad”.

Además, requirieron que se declare que esas pruebas carecen de aptitud para acreditar que Guaraz efectivamente se comunicó con la denunciante. El lunes, con las posiciones de todas las partes sobre la mesa, Forner tendrá la última palabra sobre el futuro inmediato del juicio.