Guaraz se aferra a la presunción de inocencia, pero la Justicia le cerró la puerta

La defensa del exintendente de Santa Rosa, Ramón Elpidio Guaraz, sufrió un revés procesal en la causa que lo investiga por presunto abuso de autoridad. El Juzgado Correccional Nº 1 rechazó los planteos de nulidad que habían presentado sus abogados, quienes buscaban frenar el juicio oral.

Los letrados Jorge Bracamonte (h) y Gabriel Quiroga Barros habían argumentado que el caso ya había prescripto, que la prueba reunida por la fiscalía era defectuosa y que se habían vulnerado garantías constitucionales. Nada de eso prosperó por ahora.

Los argumentos que no convencieron

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que Guaraz negó haber cometetido delito alguno y que llega al juicio protegido por la presunción de inocencia. Aseguraron respetar a la denunciante y su derecho a ser escuchada, pero pusieron el foco en la labor de la fiscalía que investigó el caso, primero a cargo de Antonella Kranevitter y luego de Facundo Barros Jorrat, especializado en Delitos contra la Administración Pública.

El cuestionamiento central apuntó a la prueba: según los abogados, la acusación se sustenta en capturas de pantalla aportadas por la denunciante, mientras que el teléfono de ella nunca fue secuestrado ni peritado de manera íntegra. Remarcaron que esa pericia se produjo sin que Guaraz pudiera controlarla.

La prescripción, el eje de la estrategia

Los defensores hicieron hincapié en los plazos procesales. Señalaron que transcurrieron más de cinco años desde que supuestamente ocurrió el hecho, un delito cuya expectativa de pena máxima es de dos años de prisión en suspenso. Para ellos, el tiempo operó a favor de su cliente.

También enfatizaron que no piden un trato especial para el exintendente, sino que se lo juzgue con las mismas reglas que a cualquier ciudadano: con prueba válida y en un plazo razonable. Y advirtieron que mantendrán el planteo de nulidad en las instancias superiores.

El origen de la causa

El expediente se remonta a mayo de 2021, cuando Guaraz, en su rol de intendente, firmó el Decreto Municipal Nº 23/2021. A través de esa norma dispuso la clausura preventiva del hospedaje y playa de estacionamiento San Antonio, administrado por Shirli Claribel Cordero, en Bañado de Ovanta.

Según la acusación fiscal, el entonces jefe comunal habría bloqueado los mecanismos administrativos que le permitían a la comerciante regularizar sus deudas tributarias y después ordenó el cierre del establecimiento. Con la nulidad rechazada, el proceso avanza hacia el juicio oral.