Gravedad institucional: dirigentes exigen respuestas por el espionaje a Luxen
El espionaje al jefe de Gabinete sacudió la política santacruceña: mientras algunos piden explicaciones, otros ya activaron herramientas legislativas. Lo que está en juego es más que un caso puntual.
La denuncia del jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, por presuntas tareas de espionaje y seguimiento a cargo de integrantes de la Policía provincial sigue sumando repercusiones. En una conferencia de prensa, funcionarios y legisladores reclamaron explicaciones al Ejecutivo y advirtieron sobre el impacto institucional del caso.
El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, consideró que la situación excede una disputa política habitual y marcó sus implicancias para el sistema democrático. “Sabemos que hay cambios, espionaje y un sinfín de hechos que no son propios de un sistema democrático. Esto trasciende cualquier límite y no estamos dentro de los estándares de un sistema democrático”, sostuvo.
Chute también cuestionó la falta de medidas concretas frente a la presentación de uno de los funcionarios de mayor rango del Gobierno provincial. “Me tiene anonadado que no haya medidas efectivas. ¿Qué estamos atravesando? Si esto le pasa al jefe de Gabinete, al segundo del Poder Ejecutivo, ¿qué le queda al ciudadano de la provincia de Santa Cruz?”, planteó, y calificó al espionaje ilegal como “intolerable”.
El abogado Fernando Tanarro, por su parte, apuntó contra los intentos de minimizar el episodio y reclamó una explicación institucional. “Hemos escuchado versiones de funcionarios tratando de minimizar y normalizar situaciones que son anormales. Que el jefe de Gabinete sea espiado hace que esperemos una respuesta o una explicación de parte del Ejecutivo. Estamos hablando de fuerzas policiales”, señaló.
Tanarro remarcó además que el pedido de Luxen para contar con protección de fuerzas federales agrava el escenario. “Que tenga que recurrir a la Justicia y pedir protección federal es una cuestión todavía más grave”, sostuvo.
Pedido de interpelación en Diputados
El diputado provincial Carlos Godoy indicó que la Cámara de Diputados activó sus herramientas legislativas tras tomar conocimiento de la denuncia. “Obviamente nos llamó la atención la gravedad institucional de los hechos. Desde la Cámara, cuando tomamos conocimiento, apelamos a las herramientas que tenemos legislativamente”, explicó.
Godoy recordó que se presentó un pedido de interpelación para citar a los responsables del área de seguridad provincial. “Como dimos a conocer el miércoles, presentamos un pedido de interpelación para citar a quienes podrían llegar a ser cuestionados: el ministro de Seguridad y la Jefatura de Policía”, afirmó.
La diputada nacional Moira Lanesan también cuestionó con dureza la situación y reclamó que se determinen responsabilidades por las presuntas tareas de seguimiento. “Me alarma la situación porque vivimos en una provincia antidemocrática. Las últimas persecuciones deben haber sido en la dictadura y no podemos permitir que vivamos así, donde quieran manejar jueces y las fuerzas”, expresó. Además, subrayó la particularidad de que sea el propio jefe de Gabinete provincial quien haya recurrido a la Justicia para denunciar que era seguido.
La denuncia de Luxen
El caso se conoció luego de que Pedro Luxen denunciara penalmente presuntas tareas de vigilancia frente a sus domicilios en Río Gallegos. Según consta en la presentación, el 22 de agosto la familia del funcionario detectó un Peugeot 208 en inmediaciones de una de sus propiedades. Luxen habría seguido posteriormente al vehículo y constatado que estaba vinculado con la Policía de Santa Cruz.
En su presentación judicial, el jefe de Gabinete aportó registros audiovisuales y solicitó medidas para esclarecer quiénes participaron de las presuntas tareas de vigilancia, bajo qué órdenes actuaron y con qué finalidad. Además, ante la sospecha de participación de integrantes de la fuerza provincial, pidió que las medidas de protección sobre su persona y su familia sean realizadas por fuerzas federales.
La denuncia se encuentra bajo investigación judicial y, hasta el momento, no existe una determinación judicial que establezca la existencia de un operativo de espionaje ilegal ni las eventuales responsabilidades. El episodio, sin embargo, profundizó la controversia política y derivó en pedidos de explicaciones e interpelación a las autoridades responsables de la seguridad provincial.
