Gobierno y sindicatos sellaron un acuerdo paritario que cambia las reglas del juego
El Gobierno de Salta y los gremios estatales cerraron la paritaria del segundo semestre con un aumento del 13,5% y un cambio histórico en la base de cálculo. ¿Qué pasará en noviembre?
El Gobierno de Salta y los gremios estatales firmaron un acuerdo histórico para el segundo semestre de 2026. El aumento del 13,5% viene con un cambio clave: la base de cálculo de los futuros incrementos ya no será diciembre.
¿Cómo se aplicará el aumento?
La pauta salarial se desglosa en incrementos mensuales del 2% entre julio y diciembre, calculados sobre los salarios de junio de 2026. A eso se suma un 1,5% adicional para los sectores de Educación, Salud y Administración Centralizada, que se definió en mesas sectoriales.
Los sindicatos celebraron la modificación de la base de cálculo, un reclamo que venían sosteniendo en cada negociación paritaria. Ahora, los aumentos se calcularán sobre los haberes de junio en lugar de los de diciembre, lo que consideran una conquista importante.
Revisión en noviembre
El acuerdo se formalizó con la firma de un acta general y actas específicas por sector. Además, se estableció una cláusula de revisión para noviembre, donde las partes volverán a analizar la evolución de los salarios frente al contexto económico.
¿Quiénes participaron?
La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Sergio Camacho, junto al coordinador Administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, la ministra de Educación, Cristina Fiore Viñuales, el ministro de Salud, Federico Mangione, y el presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisás. También estuvieron presentes secretarios de Estado y representantes de numerosos gremios como ADP, AMET, SADOP, UDA, ATE, UPCN, Sindicato de Trabajadores Viales, APSADES, UPES, ATSA, entre otros.
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el acuerdo ratifica el diálogo como herramienta para alcanzar consensos que permitan acompañar los ingresos de los trabajadores y garantizar la prestación de los servicios públicos.