Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares: las provincias ahora deciden
El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, que permite a las provincias autorizar explotaciones en zonas glaciares y periglaciares tras evaluación de impacto ambiental.
El Gobierno promulgó este viernes la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace dos semanas en el Congreso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 24 de abril.
La norma habilita a las provincias a definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares. Y sostiene que los glaciares funcionan como “reservas estratégicas de recursos hídricos”.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.804, sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 8 de abril de 2026”, indicó el decreto 271, publicado este viernes.
Con la promulgación de la nueva ley, comenzaron a regir los cambios sobre la normativa sancionada en 2010, que buscaba proteger a los glaciares y zonas periglaciares como reservas clave de agua dulce.
Las principales claves de los cambios en la ley de Glaciares
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares. Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales. Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
