Glaciares en la mira: el debate que podría cambiar para siempre la protección del agua en Argentina

Un proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, impulsado por el Gobierno nacional, comienza a debatirse hoy en el Senado. La iniciativa busca otorgar mayor poder a las provincias para decidir sobre el uso de estos territorios, lo que, según ambientalistas, podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua. La norma vigente, sancionada en 2010, protege glaciares y ambientes periglaciales y prohíbe actividades como la minería que puedan dañarlos.

¿Qué protege la ley actual?

La Ley 26.639, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial. Estos son considerados bienes públicos y reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas.

La legislación creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Actualmente, se contabilizan 16.968 glaciares en 12 provincias, con una superficie total estimada de 8.484 kilómetros cuadrados.

La norma prohíbe expresamente la liberación de contaminantes, la construcción de obras ajenas a la investigación científica, y actividades como la minería e hidrocarburífera en estas zonas. También exige evaluaciones de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana para cualquier proyecto que pueda afectar estos ambientes.

¿Qué cambios propone la reforma?

El proyecto de reforma propone modificar el esquema vigente con el argumento de corregir problemas de interpretación que, según el Gobierno, generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas, especialmente mineras.

La iniciativa busca reforzar el denominado federalismo ambiental, dando mayor protagonismo a las provincias en la gestión de los recursos ubicados en sus territorios. Según especialistas, el cambio principal radica en que las provincias podrían tener mayor intervención en la definición de qué áreas deben considerarse glaciares o ambientes periglaciares.

Este criterio, que actualmente depende principalmente de estudios científicos del IANIGLA, podría habilitar interpretaciones más flexibles sobre qué zonas quedan protegidas, un punto que genera fuerte controversia.

El vínculo con la actividad minera

El debate está íntimamente vinculado a la expansión de proyectos mineros en provincias cordilleranas. San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta concentran iniciativas vinculadas al litio y otros minerales que podrían verse afectadas por las restricciones de la ley actual.

Las infracciones a la Ley de Glaciares vigente pueden derivar en multas, suspensión de actividades y sanciones a empresas y directivos. El nuevo proyecto busca generar un marco que, según sus impulsores, brinde mayor certeza para las inversiones.

Glaciares: reservas de agua en retroceso

En Argentina, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y resultan clave para el abastecimiento de agua. Más de un tercio del territorio continental está ubicado en cuencas que dependen del deshielo glaciar.

Estudios científicos señalan que estos cuerpos de hielo están en retroceso debido al cambio climático. Investigaciones recientes indican, por ejemplo, que el glaciar Perito Moreno perdió unos 800 metros de frente entre 2020 y 2024, en un contexto de aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones.

Mientras avanza el debate legislativo, la discusión gira en torno a un dilema central: cuánto deben protegerse los glaciares como reservas irremplazables de agua y qué nivel de actividad económica podría permitirse en las zonas cercanas sin poner en riesgo ese patrimonio estratégico para las generaciones futuras.