Giro millonario del Gobierno para saldar una deuda que pone en riesgo los tratamientos de VIH
¿Cómo se controlará que los $324 millones lleguen a los proveedores y no se pierdan en el camino? El Gobierno ya designó a la responsable de rendir cuentas, pero el plazo es clave: si no cumple, se activan sanciones duras.
El Gobierno de Mendoza oficializó este viernes un desembolso de $324.126.390 para cancelar las deudas acumuladas en el Programa Provincial de SIDA y VIH y evitar que se interrumpa la atención a los pacientes. La medida quedó plasmada en el Decreto N° 1412, publicado en el Boletín Oficial.
El dinero fue girado en concepto de subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital Central y Programas Especiales, la entidad que actúa como nexo entre el Estado y los proveedores del sistema público de salud.
Según los fundamentos de la norma, el objetivo es sanear los compromisos impagos con los proveedores y sostener sin sobresaltos las tareas de prevención, diagnóstico y tratamiento en todo el territorio provincial.
Quién controla la rendición de cuentas
La transferencia estará a cargo de la Dirección General de Administración del Ministerio de Salud y Deportes, con liquidación directa desde la Tesorería General de la Provincia y cargo al Presupuesto 2026.
El decreto fija, además, un esquema de control administrativo riguroso. La presidenta de la cooperadora, Cecilia Raquel Elvira Larra, fue designada como responsable legal de rendir cuentas en un plazo de 60 días hábiles desde que reciba los fondos. El trámite deberá presentarse ante la Subdirección de Auditoría del Ministerio.
Las autoridades legales del Gobierno provincial advirtieron que, si la entidad no cumple con los plazos o no presenta los comprobantes exigidos, se le inhibirá de inmediato la posibilidad de recibir nuevos subsidios y se aplicarán las sanciones previstas en la Ley N° 8706 de Administración Financiera.
El respaldo institucional detrás del giro
El subsidio fue fiscalizado y avalado por la Contaduría General de la Provincia y el Honorable Tribunal de Cuentas, luego de que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y ARCA verificaran las certificaciones fiscales correspondientes.
El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero.
